La activista y defensora de los derechos de las mujeres trans, Kenya Cuevas, denunció presuntas violaciones a sus derechos humanos y actos de discriminación durante la audiencia inicial de Arturo “N”, señalado como probable responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016.
Tras la audiencia, Cuevas señaló que al ingresar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México ella y otras integrantes del colectivo fueron objeto de actos que consideró violentos y discriminatorios por parte de elementos policiales.
Sin embargo, su principal señalamiento se centró en el desarrollo de la audiencia, donde, afirmó, personal del Ministerio Público se refirió a ella utilizando su nombre anterior y en masculino, pese a que desde 2016 realizó formalmente su cambio jurídico de identidad.
La activista sostuvo que esta situación representa una vulneración a su derecho a la identidad de género y evidencia, a su consideración, la falta de preparación y sensibilización del personal encargado de atender casos que involucran a víctimas de la comunidad trans.
Cuevas recordó que durante años participó con la propia Fiscalía capitalina en la elaboración de protocolos, manuales y capacitaciones relacionados con diversidad sexual, derechos humanos y perspectiva de género. Por ello, consideró especialmente grave que dichas herramientas no se reflejaran durante una audiencia que calificó como histórica para la lucha por justicia de Paola.
También cuestionó que, pese a que desde años atrás se había acordado modificar la clasificación jurídica de la carpeta de investigación, el procedimiento actual no habría reflejado adecuadamente la identidad de género de Paola ni la de ella como testigo y víctima indirecta.
La activista explicó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México mantiene una recomendación relacionada con las violaciones al derecho a la identidad derivadas de la investigación inicial del caso, por lo que anunció que presentará nuevas quejas ante el organismo.
Cuevas también reprochó que la persona enviada por la Fiscalía para participar en la audiencia, según su versión, no contara con el conocimiento suficiente de la carpeta de investigación, lo que habría impedido defender adecuadamente los aspectos relacionados con la clasificación del delito y la perspectiva de género.
Frente a estos hechos, la defensora exigió una reunión con la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, y advirtió que continuarán las movilizaciones hasta obtener respuestas y compromisos concretos de las autoridades.
La jornada también estuvo marcada por actos de protesta en las inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía. Cuevas reconoció que durante las manifestaciones se registraron daños y confrontaciones, pero sostuvo que la reacción del colectivo fue resultado de años de inconformidad y de lo que calificó como omisiones institucionales.
Por su parte, representantes de la Fiscalía manifestaron disposición para mantener el diálogo con las integrantes del colectivo y escuchar sus planteamientos. Las autoridades señalaron que el caso representa un avance al haber llegado a una etapa judicial, aunque reconocieron la necesidad de atender las preocupaciones expresadas por las manifestantes.
Cuevas anunció que las organizaciones buscarán ampliar la movilización y convocar a una jornada nacional de protesta, además de continuar con las acciones ante organismos de derechos humanos y otras instancias gubernamentales.
La activista también llamó a construir nuevas estrategias de acompañamiento, generar estadísticas sobre violencia contra mujeres trans y fortalecer las políticas públicas de inclusión, al considerar que los problemas denunciados no se limitan al caso de Paola Buenrostro.
El caso de Paola, asesinada en septiembre de 2016, se convirtió en un referente para la lucha de la comunidad trans contra la violencia y la impunidad. La exigencia de justicia de sus compañeras y organizaciones contribuyó posteriormente al reconocimiento del transfeminicidio como un delito específico en la Ciudad de México.
A casi una década del crimen, la detención y el inicio del proceso judicial contra Arturo “N” representan un avance para el esclarecimiento del caso, aunque las organizaciones trans demandan que la investigación y el procedimiento se conduzcan con pleno respeto a la identidad de género y los derechos humanos de las víctimas.
