El Poder Judicial del Estado de México pondrá en marcha un programa de capacitación dirigido a jueces cívicos municipales con el objetivo de fortalecer la atención de faltas administrativas y prevenir que conflictos cotidianos puedan convertirse en conductas delictivas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, informó que se emitirá una convocatoria para que los municipios interesados participen en cursos especializados en derechos humanos, violencia familiar, perspectiva de género, protocolos de actuación, mediación y sistema de justicia penal.
La estrategia busca reforzar la aplicación de la Ley de Justicia Cívica en la entidad y brindar a las autoridades municipales herramientas que permitan resolver conflictos mediante mecanismos alternativos, antes de que estos lleguen a instancias penales.
Macedo García señaló que el reto principal no se encuentra en modificar la legislación vigente, sino en lograr que los municipios implementen de manera efectiva un modelo de justicia basado en la mediación, el trabajo comunitario y la prevención del delito.
El magistrado destacó que la justicia cívica debe avanzar hacia un esquema integral en el que los gobiernos municipales no se enfoquen únicamente en la aplicación de sanciones económicas, sino en generar soluciones que atiendan las causas de los conflictos sociales.
Asimismo, explicó que esta capacitación forma parte de una estrategia impulsada para mejorar la coordinación entre autoridades y fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y procuración de justicia.
El titular del Poder Judicial mexiquense agregó que, después de concluir la armonización correspondiente a la reforma judicial aprobada por el Congreso estatal, continuará el análisis de una reforma integral al Código Penal del Estado de México.
Dicha modificación contempla revisar la distribución de responsabilidades entre corporaciones de seguridad, con la intención de que las policías municipales atiendan delitos de menor impacto, las autoridades estatales se concentren en ilícitos de nivel intermedio y la Fiscalía General de Justicia enfoque sus recursos en la investigación de delitos de alto impacto.
