En el Congreso del Estado de México se realizó el foro “Vientres de Alquiler: ¿Negocio, explotación o derecho?”, donde diputadas locales subrayaron la importancia de colocar en la agenda pública la regulación de la maternidad subrogada desde una perspectiva de derechos humanos.
Durante el encuentro, las diputadas Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) señalaron que, ante el crecimiento global de esta práctica —valorada en 14 mil 950 millones de dólares en 2023, según datos de Naciones Unidas—, es indispensable contar con reglas claras que impidan que el deseo legítimo de formar una familia derive en esquemas de mercado que vulneren la dignidad humana.
Las legisladoras advirtieron que la falta de certeza jurídica puede propiciar abusos, al tratar el cuerpo de la mujer como un medio reproductivo y a niñas y niños como objeto de transacción. Recordaron que en estados como Tabasco y Sinaloa la práctica está permitida, mientras que en Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí se prohíbe o no se reconocen este tipo de acuerdos.
Joanna Felipe destacó que el objetivo es construir un marco normativo responsable, sustentado en evidencia científica, jurídica y empírica, sin criminalizar la reproducción asistida, pero garantizando que ninguna mujer sea explotada y que prevalezca el interés superior de la niñez.
Por su parte, Ana Yurixi Leyva, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, subrayó que la gestación subrogada involucra temas de autonomía reproductiva, derechos humanos y posibles riesgos de explotación, por lo que debe abordarse con análisis técnico y perspectiva de derechos.
En el foro participaron representantes de organizaciones civiles, sector académico y autoridades. Valeria González Ruiz, de Early Institute, presentó el documento “La Explotación reproductiva en México”, en el que se advierte sobre riesgos de mercantilización. Asimismo, especialistas en bioética y derecho coincidieron en la necesidad de un debate informado que permita definir mecanismos de regulación, protección y supervisión con un Estado garante de derechos.
Las diputadas señalaron que estos espacios de parlamento abierto buscan escuchar todas las voces y construir una legislación que prevenga abusos, especialmente en contextos de vulnerabilidad, sin simplificar un tema que involucra profundas implicaciones jurídicas, éticas y sociales.
