Comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, así como de Protección Ambiental y Cambio Climático de la LXII Legislatura del Estado de México, acordaron convocar a integrantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal para enriquecer el análisis de diversas iniciativas que buscan fortalecer el marco penal en materia ambiental.
Se trata de la propuesta del diputado Israel Espíndola López (morena), orientada a tipificar como delito el abandono doloso de basura, así como de las iniciativas del legislador Javier Cruz Jaramillo (morena) y de la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM), ambas enfocadas en incorporar el delito de ecocidio en el Código Penal estatal.
Durante la reunión, presidida por el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) subrayó que las propuestas contemplan sanciones proporcionales a la gravedad del daño e incluyen agravantes cuando las conductas se cometan en Áreas Naturales Protegidas o generen afectaciones directas a la salud pública. Además, plantean ampliar los mecanismos de acceso a la justicia ambiental.
La diputada explicó que la participación de la Secretaría del Medio Ambiente permitirá garantizar la viabilidad constitucional de las reformas, su coherencia con el sistema jurídico vigente y su adecuada implementación operativa, mediante mesas de análisis técnico y jurídico.
En su intervención, el diputado Israel Espíndola detalló que su iniciativa propone penas de hasta 11 años y tres meses de prisión por el abandono doloso de basura, así como sanciones de hasta seis años de cárcel por la posesión, adquisición, venta, transporte o almacenamiento de residuos peligrosos que no cumplan con las normas oficiales.
Argumentó que las sanciones administrativas actuales resultan débiles y, en muchos casos, simbólicas, por lo que su propuesta establece criterios de proporcionalidad, distingue cantidades de residuos, agrava las penas cuando exista daño a áreas protegidas o a la salud humana, y contempla figuras como la suspensión condicional del proceso y mecanismos de justicia restaurativa.
Por su parte, las iniciativas para tipificar el delito de ecocidio contemplan penas de hasta 18 años de prisión, en el caso del proyecto del diputado Javier Cruz, y de hasta 17 años, en la propuesta de la legisladora Itzel Guadalupe Pérez.
La iniciativa de Javier Cruz establece que comete ecocidio quien, de manera dolosa —por acción u omisión—, cause daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies de flora o fauna, recursos naturales o del equilibrio ambiental, así como afectaciones a la salud pública.
En tanto, la propuesta de Itzel Guadalupe Pérez señala que incurre en este delito quien, por sí o por interpósita persona, provoque un daño grave, masivo y extenso en superficie y temporalidad a los recursos naturales, la flora, la fauna, el agua, el suelo, el subsuelo, el aire o al ambiente, generando la afectación parcial o total de un ecosistema y el consecuente desequilibrio ambiental.
Las comisiones continuarán el análisis técnico y legislativo con la finalidad de fortalecer el marco jurídico ambiental del Estado de México y garantizar sanciones efectivas ante conductas que atenten contra el entorno y la salud pública.
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