Con el objetivo de fortalecer la protección del medio ambiente en el Estado de México, el diputado Javier Cruz Jaramillo (morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y elevar hasta 18 años de prisión las penas por el delito de ecocidio.
La propuesta establece sanciones de seis a 12 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa para quien, de manera dolosa —por acción u omisión—, cause daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies de flora o fauna, recursos naturales o equilibrio ambiental, así como afectaciones a la salud pública. Además, se contempla aumentar la pena hasta en una mitad adicional, lo que podría alcanzar un máximo de 18 años.
Entre las agravantes se incluyen casos en los que el delito provoque daños irreversibles o afecte ecosistemas estratégicos; se cometa en áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica, humedales o corredores biológicos; o impacte especies endémicas o en peligro de extinción.
Asimismo, se aplicarían las mismas sanciones cuando se utilicen sustancias tóxicas que pongan en riesgo la salud humana; cuando la persona responsable sea servidora pública o actúe con abuso de autoridad; en casos de reincidencia, colusión empresarial o participación de grupos organizados; y cuando el daño afecte directamente a comunidades indígenas o rurales.
La iniciativa también tipifica como delito la obstaculización, alteración o destrucción de sistemas de monitoreo ambiental, sensores, estaciones meteorológicas o equipos destinados a la vigilancia y prevención de riesgos ambientales, proponiendo penas de hasta 12 años de prisión en estos casos.
De igual forma, incorpora nuevas modalidades como la contaminación por microplásticos, el manejo inadecuado de residuos electrónicos, el uso de sustancias químicas que deterioren la fertilidad del suelo y la omisión de medidas de mitigación en proyectos de alto impacto ambiental.
Durante la sesión deliberante, el legislador argumentó que prácticas como la tala ilegal, la contaminación de cuerpos de agua, la emisión de contaminantes atmosféricos y la destrucción de áreas naturales protegidas generan efectos prolongados y, en muchos casos, irreversibles, que no solo alteran el equilibrio ecológico, sino que también representan riesgos directos para la salud humana y pérdidas económicas significativas.
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