Con el objetivo de prevenir y sancionar actos de violencia y abandono contra personas de 60 años y más, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos contra Personas Adultas Mayores.
La iniciativa, presentada por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada, establece que esta instancia dependería de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y tendría la responsabilidad de dirigir, integrar, coordinar y supervisar las investigaciones, así como el ejercicio de la acción penal en los delitos cometidos contra este sector.
El proyecto también contempla que el personal de la fiscalía reciba capacitación en derechos humanos, sensibilización, tipos de violencia comúnmente ejercida contra personas adultas mayores y protocolos específicos de actuación y atención.
En sesión deliberante, la diputada señaló que en el Estado de México residen un millón 919 mil 454 personas de 60 años y más, lo que representa el 11.3% de la población total; de ellas, un millón 43 mil 149 son mujeres y 876 mil 305 hombres. Añadió que, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población, para 2030 este grupo ascenderá a 2 millones 867 mil 430 personas.
Indicó que este sector enfrenta diversos factores de riesgo, como la dependencia económica o emocional, deterioro de la salud o discapacidad, aislamiento social, antecedentes de violencia familiar y falta de preparación de personas cuidadoras. Asimismo, destacó que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, desconocimiento de las autoridades competentes o por no querer afectar a familiares.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron en la entidad 33 mil 693 delitos relacionados con violencia familiar, que incluyen casos de maltrato hacia personas adultas mayores.
El documento expone que el Código Penal estatal establece actualmente penas de 10 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días multa por el delito de lesiones contra personas adultas mayores, así como de tres a siete años de prisión y de 200 a 600 días multa por violencia familiar, sanción que se agrava en una tercera parte y se persigue de oficio cuando la víctima es mayor de 60 años.
