• Conmemoran en el Congreso el Día Internacional de la Juventud.
El punto de acuerdo impulsado por la diputada morenista Mónica Angélica Álvarez Nemer y presentado en sesión de la Diputación Permanente por la diputada Edith Marisol Mercado Torres, indica que tales obligaciones fueron establecidas en el decreto 289 de la anterior Legislatura, publicado el 17 de agosto de 2021.
Conforme al exhorto, dichas unidades deben esterilizar anualmente al diez por ciento los perros y gatos en situación de calle para reducir su sobrepoblación en un lapso de cinco a siete años, además de trabajar en la concientización de la tenencia responsable de mascotas, programas permanentes de vacunación y cuidados básicos.
Sin embargo, a un año de la emisión de dicho decreto, se observa en redes sociales y medios de comunicación, acciones de maltrato animal, abandono de los centros de control animal, así como el incremento de la fauna doméstica en las calles, que muere de hambre y por falta de tratamiento médico.
Solicitan mayor seguridad para ejercer derechos político-electorales
El grupo parlamentario del PVEM en el Congreso local propuso solicitar a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno, todas de la entidad, acciones coordinadas que favorezcan la participación ciudadana, brinden condiciones de seguridad y garanticen el debido ejercicio de los derechos político-electorales de las y los mexiquenses.
La propuesta de las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, expuesta por la diputada Rosa María Zetina González (Morena), indica que la inseguridad es un atentado a la democracia e impacta en el ámbito político, empresarial y comercial, como se constató en el proceso electoral federal y local de 2021, enmarcado en un clima de violencia, y en el que se documentó el asesinato de al menos 91 personas dedicadas a la política, en todo el país, 36 de ellas candidatas.
Por ello, el punto de acuerdo remitido a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito, plantea que las autoridades encargadas de la seguridad pública colaboren para combatir escenarios que pongan en riesgo el Estado de Derecho y garanticen condiciones en que las y los mexiquenses ejerzan sus derechos y libertades fuera de contextos violentos.