La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 21 denuncias penales contra alrededor de 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, por el probable desvío de más de 600 millones de pesos registrados entre 2020 y 2024.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, las investigaciones derivan de irregularidades detectadas en dependencias federales, así como en gobiernos estatales y municipales, entre ellos casos en Nayarit, Oaxaca y diversos municipios de entidades como Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán.
Entre los entes señalados se encuentran instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Talleres Gráficos de México, así como administraciones municipales como Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México, entre otros.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, informó que estas acciones derivan del análisis de expedientes en los que se detectaron posibles actos de corrupción, los cuales fueron turnados a la FGR para su investigación penal correspondiente.
Asimismo, señaló que de forma paralela se han abierto 31 expedientes de investigación adicionales en distintos niveles de gobierno, como parte de nuevas facultades de fiscalización que permiten indagar posibles irregularidades sin pasar por el proceso tradicional de auditoría.
La ASF también dio a conocer la integración de 30 expedientes por responsabilidades administrativas graves, relacionados con presuntas colusiones en procedimientos de contratación pública.
El organismo destacó que la fiscalización superior es un mecanismo clave para fortalecer la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, además de subrayar la coordinación con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear posibles flujos hacia actividades ilícitas.
Finalmente, la ASF reiteró que continuará con la revisión del ejercicio del gasto público en los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y promover sanciones en caso de confirmarse responsabilidades.
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