Al cumplirse el plazo de 60 días mencionado en una solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Estados Unidos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en un escenario de incertidumbre jurídica, mientras el Gobierno de México no ha ejecutado una orden de captura ni ha informado sobre una investigación en su contra.
De acuerdo con la columna Rocha, prófugo de EU y lo que viene de Washington, del periodista Salvador García Soto, autoridades estadounidenses podrían considerar como prófugos de la justicia a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos.
La publicación sostiene que la solicitud estadounidense se sustenta en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual contempla la posibilidad de solicitar la detención provisional de una persona requerida mientras se formaliza el proceso de extradición.
No obstante, el Gobierno de México ha señalado que no existe un plazo legal obligatorio para responder a esa petición y ha reiterado que corresponde a las autoridades estadounidenses presentar las pruebas que respalden las acusaciones antes de que puedan emprenderse acciones legales en territorio nacional.
Según el análisis periodístico, además de no concretarse las detenciones solicitadas, tampoco se habría iniciado una investigación por parte de la Fiscalía General de la República para determinar si existen elementos que justifiquen un proceso penal en México.
La columna advierte que, de mantenerse esta situación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría adoptar nuevas medidas legales, entre ellas declarar prófugos a los funcionarios señalados e incluso valorar mecanismos para facilitar su localización y captura.
Asimismo, el texto plantea que este escenario podría incrementar la tensión diplomática entre ambos países, en medio de la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra organizaciones del narcotráfico.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la cooperación internacional en materia de seguridad debe desarrollarse dentro de los mecanismos institucionales y con respeto a la soberanía de cada nación.
