La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México analiza una iniciativa que propone endurecer las sanciones contra personas que utilicen drones para vigilar, recopilar información o planear la comisión de delitos como robo, despojo y abigeato.
Durante una reunión de trabajo, legisladores acordaron solicitar la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para fortalecer el contenido de la propuesta y establecer mecanismos que garanticen el adecuado manejo de la evidencia obtenida mediante estos dispositivos.
La iniciativa, presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, parte de la premisa de que las modalidades delictivas han evolucionado con el avance tecnológico, permitiendo que herramientas como los drones sean utilizadas para facilitar actividades ilícitas.
La legisladora argumentó que el uso premeditado de tecnologías para cometer delitos debe considerarse una agravante, con el objetivo de desalentar nuevas formas de operación criminal y fortalecer la capacidad de las autoridades para combatirlas.
Durante el análisis del proyecto, integrantes de la comisión coincidieron en la necesidad de precisar aspectos jurídicos relacionados con la acreditación del uso de drones y el tratamiento de la información contenida en estos dispositivos, a fin de evitar controversias legales o dificultades en la integración de investigaciones.
Entre los puntos discutidos también se planteó la posibilidad de ampliar la reforma para incluir otros delitos en los que pudiera emplearse esta tecnología, además de reforzar la redacción para evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por presuntos responsables.
La propuesta contempla que, en casos de abigeato, las penas puedan incrementarse significativamente cuando se demuestre el uso de drones para planear o ejecutar el delito. De igual forma, prevé sanciones más severas para el delito de despojo cuando exista el empleo de estas herramientas tecnológicas.
El proyecto legislativo continuará su proceso de análisis en comisiones antes de ser sometido a consideración del pleno del Congreso mexiquense.