En el Estado de México se encuentran casi 25 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, pandillas o grupos delictivos, lo cual se deriva de las condiciones de desatención familiar que los hace vulnerables, la pobreza, el abandono, falta de oportunidades, violencia familiar, su contexto social o comunitario, así como la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos, donde los miembros de estos grupos forman parte de la comunidad y eso permite que interactúen con facilidad con los niños y niñas.
Es lamentablemente alta probabilidad la que vive la infancia en el estado y en el país, para enrolarse en el crimen, según revela un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, aprovechando su vulnerabilidad, sin que haya reacción defensiva.
Se revela que tanto autoridades federales como estatales no están atendiendo este problema y ni siquiera lo tienen identificado, ni situado como prioridad de política pública.
Esta conducta no está tipificada adecuadamente en el ámbito penal, las instituciones de seguridad y procuración de justicia, no tienen mapeado ni siquiera este fenómeno, sus sistemas no están interconectados y cuando llegan a detener a un menor infractor por alguna conducta, no consideran si este menor es también alguna víctima de reclutamiento.
¿Será que a la luz de la evidencia se dispongan a hacer algo?