El miércoles 29 de abril el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, entregó a la Legislatura su informe anual de actividades correspondiente al 2019, donde presumió entre otras cosas el incremento de la judicialización de las carpetas de investigación en 21%; traduciéndose en 16,291 casos y además aumentar las sentencias condenatorias en 13%, con más 5,600 personas que encarceladas por delitos graves que pasarán más de cinco años en la cárcel y que es lo que quizá los ciudadanos comunes más podríamos apreciar como resultado.

Adicional a eso, es de preocupar como algunas célula criminales han tratado de someter y adueñarse de otros giros comerciales en diferentes municipios, intimidando a los propietarios, esquilmándolos, imponiéndoles rentas u obligándolos a abandonar su negocio, con lo cual amenazan con afectar también de manera severa la economía de muchas familias y regiones, de ahí la importancia que se logre mucha mayor eficacia en el combate a ese tipo de expresiones del crimen organizado, que en estricto sentido es asunto de competencia de la Fiscalía General de la República, pero que hoy de facto tiene que combatir la Fiscalía Estatal.

Asegura el Fiscal a Jaime Alejandro Gómez Sánchez, dadas las limitaciones legales han optado por realizan un seguimiento de los hechos delictivos que en cada municipio pueden ser atribuibles un grupo criminal determinado, y observan cómo se vinculan diferentes hechos que son aparentemente aislados y con ello logran fortalecer las imputaciones para que no salgan libres fácilmente los delincuentes dada la gravedad que evidencian sus conductas.

Si bien es posible una reforma constitucional para devolver competencia a las entidades federativas en el combate a la delincuencia organizada, explica el Fiscal, la historia de muchas arbitrariedades cometidas por algunos elementos con esas facultades lo ha complicado; por lo pronto la coordinación con las SEDENA, la FGR y la Guardia Nacional, han permitido asentar algunos golpes a los criminales, según afirma.

Me lo han dicho algunas personas que dejaron sus negocios allá y la autoridad reconoce que el Sur Mexiquense es una zona donde los grupos criminales han acentuado su actividad en diferentes formas, sintomático es el propio temor de los ciudadanos que inhibe que denuncien, mientras les secuestran, cobran derecho de piso, o tratan de controlar venta e imponer precios de algunos productos de consumo común, como el pollo, la cerveza y hasta el refresco, según ha pasado en tiempo reciente.

Aunque loables los esfuerzos de muchos servidores públicos, queda claro que mientras alguien sigue sintiendo temor de denunciar es que la autoridad no ha logrado restaurarse ni sobreponerse a la influencia criminal y esos casos más allá de estadísticas, son historias de gente común que frustrantemente tienen que buscar otro modo de vivir o resignarse a cargar con ese yugo.

Urge que los legisladores, las fiscalías y las dependencias de seguridad en el país le devuelvan a la gente la tranquilidad para emprender y vivir de sus negocios sin más temores ni acechanzas, dado que por si el panorama económico es muy complicado, ni que decir sí a la dificultad de la competencia y los ímpetus recaudatorios, le agregan el acecho del crimen por todos lados, no habrá discurso, reporte, ni programa de apoyos que alcance.

Ojalá que esos no sean otros tantos gritos en el desierto, es tema de todos y está ahí esperando a que pasemos la emergencia sanitaria para reventarnos en la cara.