México está pasando de ser un país de tránsito a uno de destino para las personas migrantes, debido a los cambios en la política migratoria de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, explicó Humberto Soto de la Rosa, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.
Durante la ponencia “Migrantes, caracterización y contribución a la economía”, organizada como parte de las actividades por los 50 años de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los 75 años de la CEPAL en el país, el especialista expuso que las restricciones para ingresar a territorio estadounidense modificaron los proyectos de movilidad de quienes atravesaban México.
Detalló que, en 2024, el 76 por ciento de las personas migrantes entrevistadas que transitaban por México manifestó que su intención era llegar a Estados Unidos. Sin embargo, para septiembre de 2025, esa proporción había disminuido a 28 por ciento.
De acuerdo con Soto de la Rosa, esta transformación también se reflejó en un aumento de las estancias superiores a seis meses y en los planes de permanencia en México. Ante este panorama, consideró conveniente invertir en programas de inserción productiva que faciliten la incorporación de esta población al mercado laboral.
Ante la directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León, y la profesora Laura Vázquez Maggio, el representante de la CEPAL presentó análisis estadísticos sobre la contribución económica de las personas migrantes. Señaló que, pese a los estigmas que enfrentan, quienes logran incorporarse al mercado laboral suelen destacar por su cumplimiento, eficiencia y dedicación.
Contribución económica y diversidad migratoria
En la sala Octavio Gudiño de la Facultad de Economía, Soto de la Rosa indicó que la población nacida en México aporta 98.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que las personas migrantes nacidas en otros países y quienes han retornado contribuyen con el porcentaje restante.
Precisó que la población migrante representa 0.88 por ciento de los habitantes del país y genera 1.7 por ciento del PIB, una proporción que, consideró, podría aumentar si más personas accedieran a empleos formales.
El especialista explicó que una parte de esta población trabaja en la economía informal, lo que limita tanto su acceso a derechos laborales como la disponibilidad de información sobre su participación económica.
Como ejemplo de inclusión laboral, mencionó el programa de inserción de FEMSA, empresa que, de acuerdo con la experiencia compartida con la CEPAL, ha identificado entre las personas migrantes características como puntualidad, cuidado en las actividades y eficiencia en el trabajo.
Soto de la Rosa también distinguió tres modalidades de movilidad de personas extranjeras en México: regular, irregular y población refugiada.
Explicó que quienes cuentan con una situación migratoria regular se desempeñan principalmente en actividades agrícolas, servicios, comercio, construcción y manufactura. En tanto, las personas en condición irregular participan sobre todo en los sectores agropecuario, de servicios y comercio.
Respecto a la población refugiada, señaló que 67 por ciento trabaja en la informalidad, lo que evidencia los desafíos para facilitar su incorporación a empleos con condiciones laborales formales.
En cuanto a los principales países de origen, mencionó que entre las personas con movilidad regular destacan Guatemala, Estados Unidos y China; en la irregular, Venezuela, mientras que entre la población refugiada predominan Honduras y Cuba.
El especialista concluyó que los cambios en los flujos migratorios hacen necesario fortalecer las políticas de integración social y laboral, así como aprovechar las capacidades de quienes encuentran en México un lugar para establecerse y desarrollar sus proyectos de vida.
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