El diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, propuso reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda del Estado de México para fortalecer el derecho a una vivienda digna mediante el arrendamiento, establecer límites a los incrementos de renta y brindar mayor certeza jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.
La iniciativa, presentada durante una sesión ordinaria de la LXII Legislatura mexiquense, plantea que el aumento de la renta durante la renovación de los contratos no sea superior a la inflación, además de precisar los plazos de arrendamiento y establecer que las partes deberán avisar con al menos 90 días naturales de anticipación su intención de terminar la relación contractual y desocupar el inmueble.
También propone registrar los contratos ante un sistema estatal, ampliar las atribuciones de las dependencias y entidades públicas en materia de vivienda e incorporar el arrendamiento como una alternativa prioritaria dentro de la política habitacional.
Al exponer el proyecto, Martínez Vargas señaló que el Estado de México cuenta con 5 millones 232 mil 428 viviendas, de las cuales alrededor de un millón son rentadas por cerca de 3 millones 700 mil personas. Argumentó que es necesario brindar protección a quienes habitan estos inmuebles, evitar desalojos arbitrarios y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.
La propuesta considera que, debido a la concentración urbana de la entidad, el acceso a la vivienda representa un desafío que requiere una política integral. Según el documento, las estrategias públicas se han enfocado históricamente en fomentar la adquisición de vivienda nueva, mientras que millones de personas sin acceso a créditos hipotecarios han encontrado en el arrendamiento una alternativa para contar con un hogar.
En ese sentido, plantea reconocer el alquiler como una forma legítima de ejercer el derecho a la vivienda, siempre que existan condiciones de seguridad en la ocupación, asequibilidad, habitabilidad y protección frente a desalojos arbitrarios.
Entre las modificaciones al Código Civil se establece que los contratos deberán especificar el monto de la renta, el lugar y la fecha de pago, así como señalar expresamente que cualquier incremento durante la renovación será igual o menor a la inflación reportada por el Banco de México en el año inmediato anterior.
Asimismo, cuando no se establezca un plazo de arrendamiento, se aplicaría el máximo previsto en la legislación vigente: tres años para inmuebles urbanos destinados a casa habitación.
En cuanto a la terminación del contrato, la iniciativa plantea que el arrendador notifique por escrito al inquilino, con al menos 90 días naturales de anticipación, su intención de concluir la relación y solicitar la desocupación del inmueble una vez cumplido el plazo acordado.
La misma disposición aplicaría cuando el contrato se haya prorrogado de manera tácita. En ambos casos, el arrendatario también tendría que informar con 90 días naturales de anticipación si pretende dejar la vivienda. Las notificaciones podrían realizarse por cualquier medio que permita acreditar su recepción.
Otro de los puntos centrales es la creación del Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura mediante el Sistema Estatal de Vivienda. El registro tendría carácter no público y los contratos deberían inscribirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a su celebración.
La finalidad sería contar con información electrónica y automatizada sobre las viviendas destinadas al alquiler. Además, se propone establecer como obligación de los arrendadores garantizar que los inmuebles cuenten con los servicios básicos necesarios para su habitabilidad.
En materia de política pública, la iniciativa plantea ampliar las facultades de las dependencias estatales y municipales para dar prioridad al arrendamiento digno como una vía de acceso a la vivienda.
También propone que la Política Estatal de Vivienda contemple acciones para facilitar que las personas puedan acceder a una vivienda digna y decorosa, ya sea mediante la propiedad o el alquiler, así como apoyos económicos y facilidades administrativas para quienes se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Finalmente, se plantea que el programa estatal de vivienda incorpore un diagnóstico sobre las condiciones habitacionales de la entidad y contemple modalidades de subsidios para personas que recurran al arrendamiento debido a que no cuentan con acceso a financiamiento hipotecario.
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