Durante 2025, los centros comunitarios de salud mental y atención a las adicciones del Estado de México atendieron 9 mil 241 casos, cifra que, de acuerdo con la diputada Susana Estrada Rojas, evidencia la necesidad de fortalecer estos servicios mediante la certificación del personal encargado de brindar atención.
Por ello, la legisladora de Morena propuso que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, adscrito a la Secretaría de Salud estatal, asuma la responsabilidad de certificar a quienes trabajan en estos establecimientos, con el propósito de beneficiar a las personas usuarias y sus familias.
Durante una reunión de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXII Legislatura, en la que se analizó la iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado de México, Estrada Rojas señaló que Ecatepec y Nezahualcóyotl concentran mil 175 casos. Asimismo, expuso que, a nivel nacional, únicamente 40 de los 3 mil organismos de este tipo cuentan con su documentación en regla.
La propuesta contempla que el instituto integre un padrón de prestadores de estos servicios, con información sobre sus modelos de atención y los municipios donde operan. También plantea ofrecer capacitación continua a las personas responsables y particulares de los establecimientos para actualizar sus técnicas y métodos de trabajo.
Además, establece que, una vez certificados los servicios que proporciona el personal responsable o particular, los centros donde labore podrán recibir recursos económicos o en especie de instituciones públicas municipales, estatales o federales, así como estímulos de particulares y entes privados de carácter nacional, de acuerdo con su modelo de atención.
Durante el análisis, la diputada Jennifer Nathalie González López planteó armonizar la iniciativa con la nueva Ley de Salud estatal. Señaló que esta legislación regula los establecimientos y contempla la integración de un padrón, pero no establece la certificación del personal ni incorpora información sobre los modelos de atención. También consideró necesario precisar los mecanismos para la entrega de apoyos públicos y privados.
Por su parte, la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez sostuvo que la atención de las adicciones es una responsabilidad del Estado y que la certificación debe reflejarse en acciones concretas, como personal capacitado, modelos de atención identificables, protocolos claros, mecanismos de supervisión y procedimientos para atender quejas.
El diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida consideró que la propuesta contribuiría a establecer estándares verificables para los servicios privados, brindar mayor certeza a las familias que buscan ayuda y promover una actuación coordinada entre las instituciones.
En tanto, Octavio Martínez Vargas destacó la responsabilidad pública en la atención de las adicciones y llamó a combatir la disponibilidad de sustancias nocivas en las escuelas. También señaló que, de acuerdo con los datos expuestos durante la reunión, cuatro de cada 10 personas internadas en estos centros son menores de edad.
El legislador agregó que las adicciones y las personas consumidoras no deben ser criminalizadas, y subrayó la importancia de supervisar la administración de medicamentos durante los tratamientos.
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