La LXII Legislatura del Estado de México aprobó una iniciativa del diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, de Morena, para plantear al Congreso de la Unión una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el propósito de establecer excepciones a las restricciones del gasto en servicios personales cuando se trate de garantizar obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública y salud.
La propuesta contempla que los gobiernos estatales y municipales puedan contratar policías, personal médico, de enfermería, paramédico y otros trabajadores vinculados directamente con la prestación de estos servicios, sin que dichas erogaciones estén sujetas a los límites presupuestales establecidos para el crecimiento del gasto en servicios personales.
El planteamiento, al que se adhirió el diputado Osvaldo Cortés Contreras, también busca excluir de estas restricciones los gastos estrictamente indispensables para implementar nuevas leyes federales o reformas a las mismas.
Actualmente, la legislación establece que la asignación global de recursos para servicios personales en los presupuestos de egresos no puede superar el monto aprobado en el ejercicio anterior, actualizado con la tasa de crecimiento que resulte menor entre el tres por ciento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
Asimismo, dispone que, cuando el PIB registre una variación real negativa en el ejercicio presupuestado, se considere un crecimiento real de cero. Entre las excepciones vigentes se encuentra el monto destinado al pago de sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente.
El dictamen, leído por el legislador proponente durante la sesión deliberante, establece que los gastos adicionales contemplados deberán identificarse y reportarse por separado en los presupuestos de egresos y las cuentas públicas, conforme a la normatividad aplicable.
Precisa que las excepciones beneficiarían exclusivamente al personal que participe de manera directa en las funciones sustantivas de seguridad pública o en la prestación de servicios de salud.
Además, plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, realice las adecuaciones necesarias a los clasificadores y lineamientos correspondientes para que estados y municipios puedan identificar y reportar estos recursos de manera diferenciada.
Dichas adecuaciones deberán efectuarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del eventual decreto.
Durante su intervención, Samuel Ríos argumentó que las restricciones para contratar personal en los sectores de salud y seguridad dificultan la atención de las necesidades de la población. Por ello, explicó que la iniciativa busca que las contrataciones indispensables en ambas áreas queden fuera del límite de crecimiento presupuestal del tres por ciento.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión.
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