A propuesta del diputado Valentín Martínez Castillo, del grupo parlamentario de Morena, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó plantear al Congreso de la Unión una reforma para establecer en la Constitución federal la obligación de los municipios de elaborar sus atlas de riesgos, integrarlos al Sistema Nacional de Protección Civil y actualizarlos cada año, a más tardar en marzo.
El dictamen, que será remitido al Congreso de la Unión para su análisis, también propone modificar la Ley General de Protección Civil para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) supervise la elaboración y actualización de estos instrumentos a nivel local.
Entre las disposiciones planteadas se establece que los atlas de riesgos deberán incorporarse al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los 180 días naturales siguientes al inicio del periodo constitucional de cada gobierno municipal.
Además, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que no cuenten con este documento cuando entre en vigor el eventual decreto tendrían un plazo máximo de 180 días naturales para elaborarlo y presentarlo ante la autoridad estatal de protección civil, a fin de que sea integrado al sistema nacional.
Al dar lectura al dictamen, elaborado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Martínez Castillo explicó que los atlas permiten identificar zonas de peligro, informar a la población y establecer medidas preventivas a corto, mediano y largo plazo.
Señaló que estos instrumentos contribuyen a proteger la vida y el patrimonio de las familias frente a fenómenos naturales, socavones y riesgos derivados de negligencias humanas. También ayudan a evitar que se autoricen construcciones en áreas consideradas de alto riesgo.
Como parte de la exposición de motivos, el legislador presentó datos sobre la situación de los 125 municipios mexiquenses. Al 17 de diciembre de 2024, únicamente 55 contaban con atlas de riesgos aprobados, mientras que 34 tenían observaciones pendientes de subsanar y 36 no habían entregado información.
Para 2026, indicó, se registraban 46 expedientes en proceso de aprobación, 20 con información incompleta y 59 municipios sin entregar información.
La propuesta busca establecer obligaciones y plazos específicos para que estos documentos se elaboren, actualicen y formen parte de los mecanismos nacionales de prevención y atención de riesgos. Su eventual aplicación dependerá del análisis y aprobación del Congreso de la Unión.
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