El diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, propuso reformas a diversas disposiciones estatales para fortalecer las medidas de seguridad relacionadas con el uso de artificios pirotécnicos en eventos públicos masivos, así como establecer responsabilidades solidarias y mecanismos de reparación integral del daño. La iniciativa contempla multas de hasta un millón 173 mil 100 pesos por incumplimiento.
Presentada durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la propuesta busca modificar las leyes de Eventos Públicos y de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios, además del Código Civil estatal, con el propósito de incorporar nuevas obligaciones para las personas físicas o jurídicas colectivas que obtengan permisos, dictámenes o licencias, así como para quienes organicen las celebraciones.
Cruz Jaramillo explicó que el proyecto se sustenta en tres ejes: fortalecer la prevención de riesgos, proteger a quienes asisten a eventos públicos y garantizar mecanismos adecuados para reparar los daños ocasionados por contingencias relacionadas con la pirotecnia.
El legislador señaló que las fiestas patronales, celebraciones religiosas y eventos populares forman parte de la identidad y las tradiciones de las comunidades mexiquenses. Reconoció también que la actividad pirotécnica representa una fuente de ingresos para numerosas familias, por lo que aclaró que la iniciativa no pretende prohibirla ni limitar las expresiones culturales, sino establecer condiciones para que se desarrolle de manera responsable y segura.
Entre las modificaciones a la Ley de Eventos Públicos se plantea que los eventos que contemplen el uso de artificios pirotécnicos cuenten con un programa específico de seguridad, conforme a las disposiciones federales, estatales y municipales. Este deberá incluir medidas para el manejo, resguardo, traslado y utilización de los materiales, así como protocolos de atención de emergencias y evacuación de asistentes.
También se propone prohibir el almacenamiento o resguardo de pirotecnia en templos, iglesias, parroquias, centros educativos, hospitales, edificios públicos, mercados, viviendas y otros espacios destinados a la concentración o tránsito de personas.
Las personas responsables deberán delimitar áreas de seguridad y zonas de exclusión, establecer rutas de evacuación y colocar señalización preventiva. Además, tendrán que designar por escrito a una persona encargada del manejo, resguardo y utilización de los artificios durante el evento, quien deberá colaborar con las autoridades en las labores de supervisión, verificación y atención de contingencias.
Otra obligación consistiría en informar a las autoridades de protección civil la ubicación de los materiales que serán utilizados y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
La iniciativa contempla sanciones de entre 2 mil y 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de 117.31 pesos señalado en el planteamiento, las multas equivaldrían a un rango de 234 mil 620 pesos a un millón 173 mil 100 pesos.
Asimismo, quienes soliciten permisos deberán acreditar que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para el resguardo, traslado y utilización de los artificios pirotécnicos.
Además de las multas, los municipios y, en su caso, la Secretaría General de Gobierno estatal podrían suspender eventos públicos o clausurar instalaciones cuando detecten almacenamiento de pirotecnia en lugares prohibidos, incumplimiento de las medidas de seguridad o riesgos inminentes para la vida, la integridad física o el patrimonio de asistentes y terceros.
En materia de reparación del daño, la propuesta de reforma al Código Civil establece que, cuando las afectaciones deriven del almacenamiento, resguardo, manejo, traslado o utilización de artificios pirotécnicos, la reparación integral deberá comprender gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos, psicológicos y de rehabilitación, además de prótesis, tratamientos especializados, gastos funerarios y otras erogaciones necesarias para la recuperación de las víctimas.
También plantea que las personas organizadoras del evento, quien sea designada como responsable del manejo de los artificios y las personas propietarias, poseedoras o administradoras del inmueble donde se almacenen o resguarden respondan solidariamente por los daños ocasionados.
De igual manera, se propone establecer la responsabilidad de quienes sean propietarios de máquinas o materiales explosivos por los daños derivados de su explosión o inflamación, incluidos los ocasionados por artificios pirotécnicos y otros materiales destinados a producir detonaciones o efectos similares.
Por su parte, las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Patrimonial buscan que, al determinar si existió una actividad administrativa irregular, las autoridades valoren el cumplimiento de sus obligaciones legales de verificación, supervisión y control, así como la posible relación causal entre su actuación y el daño reclamado por particulares.
El documento precisa que la iniciativa no pretende invadir las competencias establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ni restringir las tradiciones comunitarias, sino promover que estas actividades se realicen bajo condiciones que protejan a la población.
Durante la sesión, la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, también de Morena y representante del Distrito Electoral Local XIX, con sede en Tultepec, solicitó adherirse a la propuesta. Consideró que la seguridad y la preservación responsable de las tradiciones deben abordarse de manera conjunta y propuso organizar una reunión con personas pirotécnicas de Tultepec y de otros municipios para escuchar sus planteamientos y trabajar con las y los artesanos del sector.
Asimismo, el diputado Valentín Martínez Castillo manifestó su adhesión al proyecto como integrante de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, y ofreció colaborar en la consulta a la población y en la definición de medidas de prevención.
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