La diputada Angélica Pérez Cerón, del grupo parlamentario de Morena, propuso declarar el 23 de junio de cada año como el “Día de la Ética Pública y del Buen Gobierno en el Estado de México”, con el objetivo de fortalecer la cultura de integridad en las instituciones y reconocer la relevancia histórica del Código Iberoamericano de Buen Gobierno.
Durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la legisladora expuso que, con esta declaratoria, los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos podrían organizar, dentro de sus respectivas competencias y con respeto a su autonomía, actividades de sensibilización, capacitación, difusión y diálogo ciudadano sobre ética pública, integridad y buen gobierno.
Estas acciones se realizarían con los recursos institucionales disponibles, sin que sea necesario crear nuevas estructuras administrativas.
Al presentar la iniciativa, Pérez Cerón señaló que la ética pública no debe limitarse a los ordenamientos jurídicos o códigos de conducta, sino reflejarse en la relación cotidiana entre las instituciones y la población.
En ese sentido, destacó que su aplicación implica que las autoridades actúen con sensibilidad, justifiquen sus decisiones, administren responsablemente los recursos públicos y ofrezcan servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía.
La propuesta contempla impulsar actividades académicas, jornadas de capacitación, encuentros entre instituciones y espacios de diálogo con la población, orientados a analizar situaciones concretas del servicio público y difundir los principios que deben guiar la actuación de las autoridades.
También busca promover buenas prácticas en materia de atención ciudadana, transparencia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, además de favorecer la coordinación institucional y el aprovechamiento de los recursos existentes.
La elección del 23 de junio se relaciona con la aprobación del Código Iberoamericano de Buen Gobierno, suscrito en esa fecha de 2006 en Montevideo, Uruguay, con la participación de representantes de distintos países de Iberoamérica, incluido México.
La legisladora explicó que este instrumento estableció principios democráticos, éticos y de gestión pública para orientar el desempeño de los gobiernos, bajo la premisa de que el buen gobierno no depende únicamente de la eficacia administrativa, sino también de la conducta de quienes ejercen responsabilidades públicas.
Añadió que el Estado de México reconoce la importancia de este antecedente y vincula sus principios con el derecho al buen gobierno incorporado a la Constitución estatal en 2023.
Finalmente, Pérez Cerón agradeció la colaboración de Diego Bautista, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y coordinador de la Red Iberoamericana de Ética Pública, en la investigación y formulación de la iniciativa.
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