La Fiscalía General de la República (FGR) reveló avances de una investigación contra una presunta red criminal dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, cuya operación habría involucrado la importación, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Durante un mensaje dirigido al pueblo de México, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que las investigaciones tuvieron su origen en una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, ante el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, en la que se expusieron posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
Como resultado de las indagatorias, la Fiscalía logró uno de los principales aseguramientos contra el contrabando de hidrocarburos: 10 millones de litros de diésel que eran transportados a bordo de un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Godoy señaló que el aseguramiento no representó el cierre de la investigación, sino el punto de partida para identificar una estructura criminal de mayor alcance. De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el Poder Judicial, Manuel Roberto N. y Fernando N., conocidos como “los primos”, habrían tenido un papel relevante en la operación de la red.
La organización presuntamente contaba con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos que ingresaban ilegalmente al país. Además, sus integrantes habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
En particular, la FGR señaló que Manuel Roberto N. presuntamente gestionaba directamente nombramientos y promociones de personal.
Durante el cateo de una bodega que presuntamente era arrendada por Roberto N. en la Ciudad de México, las autoridades localizaron objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, así como documentación clasificada como reservada y confidencial por motivos de seguridad nacional. También fueron encontradas armas que no contaban con el registro correspondiente.
Simulaban inspecciones para ingresar combustible
De acuerdo con la investigación, la red criminal habría establecido un esquema para introducir hidrocarburos procedentes principalmente de Texas. Los buques llegaban cargados de combustible que presuntamente era declarado ante las autoridades como aceite o aditivo, con el objetivo de modificar su tratamiento fiscal.
La FGR indicó que servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos recibían pagos por cada embarque que permitían ingresar al país.
Las inspecciones aduaneras, cuando se realizaban, habrían sido utilizadas como parte de un mecanismo de simulación. Según la Fiscalía, se efectuaban muestreos superficiales, se aprobaban volúmenes presuntamente manipulados o se realizaban maniobras para permitir la liberación del hidrocarburo sin una revisión adecuada.
Incluso, la organización habría establecido calendarios de arribo de los buques para desactivar cámaras de vigilancia e impedir que quedara registro de las descargas.
Una vez que el combustible llegaba a tierra, era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas. Sin embargo, de acuerdo con las indagatorias, una red adicional de empresas fachada y triangulaciones financieras habría permitido dar una apariencia legítima a los recursos obtenidos mediante la venta del hidrocarburo.
La Fiscalía describió el mecanismo como un ciclo que incluía buques cargados con combustible, registros presuntamente manipulados, complicidad de personal aduanal, inspecciones simuladas y operaciones de lavado de dinero.
Las investigaciones han permitido identificar operaciones relacionadas con esta presunta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Sigue FGR la ruta financiera de la red
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía continúa siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y personas vinculadas con las distintas etapas de la cadena de operación.
Godoy sostuvo que existen elementos que apuntan a la presunta participación de Manuel Roberto N., Fernando N. y otros posibles cómplices en las actividades investigadas, cuyos datos de prueba se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.
La titular de la FGR destacó que el contrabando de hidrocarburos no solamente constituye una actividad ilegal, sino que también afecta a las empresas del Estado y representa una desviación de recursos públicos que deberían destinarse al bienestar de la población.
Asimismo, subrayó que la participación de algunos servidores públicos en actos ilícitos no significa que las instituciones en su conjunto estén corrompidas.
En ese sentido, destacó que el actual secretario de Marina, almirante Raimundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones.
“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado”, afirmó Godoy, al señalar que quienes hayan utilizado un uniforme, un cargo público o una aduana para favorecer a organizaciones criminales deberán responder ante la justicia.
La FGR aseguró que continuará con las investigaciones para identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes.
“Donde haya impunidad habrá investigación, donde haya crimen habrá consecuencias”, concluyó la titular de la Fiscalía General de la República.
