Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, como parte de las investigaciones por el multihomicidio del tecladista e integrante de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa, así como de integrantes de su familia y una trabajadora, ocurrido el pasado martes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó las órdenes de aprehensión contra ambos por su probable participación en los hechos, una vez que concluyó el plazo de 48 horas durante el cual permanecieron bajo custodia en la Fiscalía de Asuntos Especiales, en Toluca.
Los delitos que se les imputan son homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal, conductas por las que, de acuerdo con las autoridades, podrían alcanzar una pena acumulada superior a los 300 años de prisión.
Las órdenes de aprehensión contemplan el homicidio calificado en agravio de dos o más personas, delito que puede alcanzar penas de entre 40 y 70 años de prisión por cada víctima. En el caso del maltrato animal, la legislación contempla una sanción de hasta 13 años de cárcel.
Ambos hombres habían sido detenidos inicialmente el miércoles por delitos contra la salud y resistencia. Posteriormente, la Fiscalía estatal obtuvo y ejecutó los nuevos mandamientos judiciales relacionados con el multihomicidio.
A las 8:43 horas del 4 de septiembre, personal del Ministerio Público realizó el traslado de los dos investigados desde Toluca hacia el penal de Barrientos, mediante un operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los detenidos arribaron alrededor de las 10:00 horas a las inmediaciones del centro penitenciario, donde fueron recibidos por elementos de la Policía estatal para realizar el procedimiento de ingreso.
Ahora, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” deberán ser presentados ante un juez durante la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.
El órgano jurisdiccional contará con un plazo que puede extenderse hasta 72 o 144 horas, dependiendo de si los imputados solicitan la duplicidad del término constitucional, para definir si son vinculados a proceso y si se les impone prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el multihomicidio.
