La política de vivienda, la protección de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos forman parte de las acciones prioritarias de la administración federal.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda tienen como meta construir un millón 800 mil viviendas dirigidas principalmente a familias con menores ingresos.
De ese objetivo, 668 mil viviendas ya fueron contratadas, 278 mil se encuentran en construcción y 90 mil han sido asignadas.
Además, las instituciones del sector vivienda han entregado 779 mil créditos y se contempla alcanzar 2.2 millones durante el sexenio.
En materia de mejoramiento de vivienda, 717 mil familias han recibido apoyos. La administración también reportó la reestructuración de créditos considerados impagables, beneficiando a cinco millones de familias.
Para garantizar la propiedad, se han regularizado 337 mil hogares, de una meta de 1.2 millones.
Respecto a los derechos de las mujeres, la presidenta destacó que su administración impulsa reformas legales y políticas públicas para ampliar su protección. Durante 2026 se prevé alcanzar mil Centros Libres en el país y se han distribuido 27 millones de cartillas de derechos de las mujeres.
También se presentó una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño relacionado con el delito de feminicidio.
En materia indígena y afromexicana, se destacó la modificación del artículo 2 constitucional, mediante la cual estos pueblos son reconocidos como sujetos de derecho público.
Los recursos destinados a las comunidades llegan directamente para que sean sus propias asambleas las que determinen su aplicación. En dos años se han entregado 25 mil millones de pesos a 19 mil comunidades.
Además, fueron restituidas 13 mil hectáreas de tierras comunales a los pueblos Rarámuri, Yaqui, Seris, Wixárika, Odámi y Otomí.
El Gobierno federal también impulsa el fortalecimiento de las lenguas originarias, planes integrales de justicia y desarrollo para 35 pueblos indígenas y afromexicanos, así como la consulta de una nueva Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
