Si una grúa remite un automóvil al corralón en Toluca, el propietario no debe pagar una multa municipal por la infracción, ya que desde el 1 de enero de 2025 el Ayuntamiento suspendió las sanciones económicas contempladas en el Reglamento de Tránsito, por lo que únicamente se cubren los servicios de arrastre y depósito vehicular conforme a las tarifas autorizadas por el Gobierno del Estado de México.
Las autoridades recordaron que un vehículo puede ser retirado de la vía pública cuando obstruye la circulación, permanece estacionado en lugares prohibidos, invade espacios exclusivos o representa un riesgo para la seguridad vial, además de otros supuestos establecidos en la normativa vigente.
En estos casos, personal de tránsito solicita el apoyo de una grúa concesionada, la cual debe elaborar un inventario del estado físico del vehículo antes de trasladarlo al depósito vehicular.
De acuerdo con el tabulador estatal, el servicio de arrastre para un automóvil particular tiene un costo inicial de 798.02 pesos, al que se añaden 28.41 pesos por cada kilómetro recorrido hasta el corralón. Otros conceptos, como maniobras especiales, tiempo de espera o abanderamiento, solo pueden cobrarse cuando realmente fueron necesarios y estén contemplados en las tarifas oficiales.
Una vez que el vehículo ingresa al depósito, comienza el cobro por resguardo. Para automóviles y vagonetas la tarifa es de 73.57 pesos por día o fracción, mientras que para camionetas asciende a 82.76 pesos, por lo que especialistas recomiendan realizar el trámite de liberación lo antes posible para evitar que el monto aumente.
Antes de efectuar cualquier pago, las autoridades sugieren verificar que la grúa pertenezca a una empresa concesionada, solicitar el número de servicio, exigir el inventario del vehículo y comprobar que los cobros coincidan con las tarifas oficiales establecidas por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
En caso de detectar cobros indebidos, tarifas alteradas, falta de inventario o cualquier otra irregularidad, los usuarios pueden presentar una queja ante la Secretaría de Movilidad dentro de los 15 días hábiles posteriores al servicio.
Si se acredita alguna anomalía, la empresa concesionaria puede ser sancionada con multas económicas e incluso perder la autorización para prestar el servicio, de acuerdo con la legislación vigente en el Estado de México.
