La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con Mauro Alberto “N”, identificado por las autoridades como el presunto piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos en junio de 2024.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que corresponde a la FGR informar sobre los avances de la investigación, luego de que la institución difundiera un comunicado con nuevos detalles sobre el caso.
Sheinbaum también defendió el procedimiento mediante el cual fueron entregados a Estados Unidos 26 presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellos Mauro Alberto “N”, al señalar que la decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional con base en la Ley de Seguridad Nacional y tras un análisis de riesgo para la seguridad del país.
La presidenta explicó que dicha determinación fue adoptada por integrantes del gabinete de seguridad, quienes realizaron una evaluación de cada uno de los casos antes de autorizar el traslado de las personas requeridas por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la FGR, Mauro Alberto “N”, también identificado inicialmente como Alejandro “N” y conocido con el alias de "Jando", fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, tras un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado, hecho en el que un elemento del Ejército perdió la vida y cinco más resultaron lesionados.
La dependencia informó que, al momento de su detención, el imputado proporcionó una identidad distinta; sin embargo, peritajes posteriores permitieron establecer su verdadera identidad. Posteriormente fue vinculado a proceso por diversos delitos y señalado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
Según la Fiscalía, durante 2026 se localizaron indicios que relacionan su voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López hacia Nuevo México, Estados Unidos, en junio de 2024.
La institución precisó que la entrega del presunto integrante del grupo delictivo a las autoridades estadounidenses no pone fin a las investigaciones en México, ya que mantiene abiertas las carpetas correspondientes y podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de cooperación jurídica entre ambos países.
