La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó los elementos de prueba necesarios para que una Autoridad Judicial dictara auto de vinculación a proceso en contra de Gabriel “N”, investigado por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre. Los hechos que sustentan la acusación ministerial ocurrieron en las inmediaciones del municipio de Teotihuacán, donde el imputado presuntamente agredió físicamente a la víctima, provocándole lesiones graves que posteriormente derivaron en su fallecimiento.
Con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, la Representación Social determinó que el pasado 29 de noviembre de 2025, la víctima se encontraba en compañía del ahora investigado y tres personas más en la vía pública, específicamente en el barrio de Puxtla, perteneciente al municipio de Teotihuacán. En ese sitio, el imputado presuntamente atacó de manera sorpresiva a la víctima propinándole un fuerte golpe en la cabeza, impacto que provocó su caída inmediata al suelo, momento que el agresor aprovechó para darse a la fuga.
Derivado de la contusión, el afectado fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada; sin embargo, perdió la vida días después a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Los trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) permitieron identificar formalmente a Gabriel “N” como el probable autor material, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión para detenerlo e ingresarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.
Tras analizar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía estatal durante la audiencia inicial, el Juez de la causa resolvió iniciar el proceso legal en contra del detenido, fijando además un plazo para el cierre de la investigación complementaria y dictando la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Las autoridades judiciales reiteraron que, de acuerdo con los marcos constitucionales vigentes, al investigado se le debe considerar inocente y recibir un trato conforme a dicho estatus en todas las etapas procesales, hasta que sea emitida una sentencia condenatoria definitiva en su contra.
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