El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, llamó a los tres órdenes de gobierno a fortalecer la lucha contra la extorsión, al considerar que este delito representa una de las principales amenazas para la actividad económica y la seguridad de miles de familias mexicanas.
Al presentar un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador señaló que la extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un mecanismo de presión y control ejercido por organizaciones criminales sobre comerciantes, productores, transportistas y empresarios en distintas regiones del país.
Moreira Valdez sostuvo que esta práctica ilícita afecta directamente el desarrollo económico al generar pérdidas financieras, desalentar inversiones y obligar, en algunos casos, a modificar o suspender actividades productivas por temor a represalias.
El diputado destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas son uno de los sectores más vulnerables ante este fenómeno, debido a que representan la gran mayoría de las unidades económicas del país y constituyen una fuente fundamental de empleo para millones de personas.
Asimismo, alertó que en diversas zonas de México los grupos delictivos han ampliado sus esquemas de operación hasta imponer cobros ilegales a distintos sectores productivos, llegando incluso a influir en precios, cadenas de suministro y actividades comerciales.
Durante su exposición, el legislador citó datos oficiales que muestran un incremento en las denuncias por extorsión durante los últimos años, además de señalar que existe una elevada cifra negra debido a que muchas víctimas optan por no denunciar ante el temor de sufrir nuevas agresiones o por desconfianza en las instituciones.
Ante este panorama, exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las autoridades estatales a fortalecer las estrategias de prevención y combate al delito, particularmente en las entidades con mayores índices de incidencia.
También pidió a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales reforzar los mecanismos de investigación y coordinación institucional para identificar y desarticular a las organizaciones dedicadas a la extorsión.
Finalmente, propuso ampliar las campañas de información y prevención dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la denuncia, difundir los canales de atención disponibles y fortalecer la cultura de prevención frente a las distintas modalidades que utilizan los grupos criminales para cometer este delito.
