Las comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron reformas para imponer hasta 10 años de prisión a personas servidoras públicas del ámbito de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstrucción de investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
La iniciativa establece que quienes obstaculicen, retrasen o alteren investigaciones en casos de violencia de género podrán ser sancionados penalmente, además de enfrentar multas económicas y la destitución o inhabilitación del cargo.
Asimismo, se avaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, aplicando perspectiva de género y debida diligencia desde el inicio de las indagatorias.
El dictamen forma parte de una reforma al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsada en el Congreso local con el objetivo de fortalecer el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño para las víctimas.
La propuesta, presentada por la diputada Jennifer González López, retoma aportaciones de activistas y familiares de víctimas, entre ellas Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, cuyo caso derivó en un precedente judicial en México al ser reabierto tras haber sido inicialmente clasificado como suicidio.
El antecedente del caso permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera criterios obligatorios para investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, lo que ahora se busca consolidar en la legislación estatal.
Legisladores destacaron que la reforma responde a la necesidad de cerrar espacios de impunidad en la atención de feminicidios y garantizar que los servidores públicos actúen con responsabilidad, evitando que las investigaciones sean archivadas sin un análisis adecuado.
De acuerdo con cifras expuestas en el debate legislativo, el Estado de México concentra una parte significativa de los feminicidios registrados a nivel nacional, lo que refuerza la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de su atención.
