La decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, acordada entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades estatales en el marco del CONAEDU, encendió alertas en el sector educativo al implicar una reducción de casi un mes de clases respecto al calendario originalmente previsto.
La medida fue justificada por factores como las olas de calor y actividades vinculadas a la organización del Mundial de Futbol, lo que impactará el tiempo efectivo de aprendizaje de millones de estudiantes en un sistema que ya enfrenta rezagos acumulados y profundas desigualdades.
Especialistas y organizaciones civiles señalaron que la pérdida de días de clase afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza, violencia o exclusión, quienes dependen en mayor medida de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo integral.
Se advirtió que el ciclo escolar 2025–2026 ya ha enfrentado diversas interrupciones derivadas de paros magisteriales, crisis climáticas e inseguridad en distintas entidades del país, lo que ha provocado cierres parciales o recurrentes de planteles en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Zacatecas.
A estas condiciones se suman afectaciones por temperaturas extremas en entidades del norte y sureste del país, como Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, especialmente en escuelas con infraestructura limitada para enfrentar el calor.
Ante este panorama, se hizo un llamado a las autoridades educativas, gobiernos estatales y comunidades escolares para construir una respuesta coordinada que priorice el derecho a la educación y evite que la reducción del calendario profundice la brecha de aprendizaje.
Entre las propuestas planteadas se encuentra otorgar flexibilidad a las entidades que puedan mantener actividades académicas hasta el 15 de julio, implementar estrategias de cierre escolar enfocadas en aprendizajes esenciales, fortalecer el acompañamiento docente y establecer programas de nivelación académica para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
También se planteó la necesidad de generar alternativas de apoyo para las familias ante el cierre anticipado de escuelas, considerando la reorganización de cuidados, tiempos laborales y gastos derivados de la medida.
Organismos como Mexicanos Primero recordaron que México ya enfrenta consecuencias por interrupciones educativas previas, como las derivadas de la pandemia por COVID-19, cuyos efectos en el aprendizaje aún no han sido completamente superados.
De acuerdo con datos comparativos internacionales, el promedio de días efectivos de clase en países de la OCDE es de 186 días, mientras que con la reducción anunciada México podría ubicarse en alrededor de 157 días, lo que refuerza la preocupación por el impacto en el desempeño educativo.
Finalmente, especialistas reiteraron que cada día de clases cuenta para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que llamaron a evitar que decisiones coyunturales agraven las desigualdades educativas y afecten el futuro de las nuevas generaciones.
