Legislativo

Avalan comisiones del Congreso mexiquense tipificar el nepotismo como falta grave

Avalan comisiones del Congreso mexiquense tipificar el nepotismo como falta grave

Se prevén sanciones de hasta 20 años de inhabilitación para servidores públicos









Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México avalaron tipificar el nepotismo como falta administrativa grave, lo que implicaría sanciones como destitución e inhabilitación de hasta 20 años para personas servidoras públicas que incurran en esta práctica.


La propuesta, impulsada por el diputado José Miguel Gutiérrez Morales, fue analizada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde se estableció que se sancionará a quienes designen, nombren o intervengan en contrataciones de personas con vínculos de parentesco o relación personal dentro del mismo ente público.


De acuerdo con el dictamen, se considerará nepotismo cuando existan lazos de consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo grado, así como relaciones de matrimonio o concubinato, aplicable a cargos de confianza, estructura, base o por honorarios.


La reforma busca homologar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios con otros ordenamientos vigentes, al señalar que aunque el nepotismo ya estaba contemplado previamente, desde 2017 se abordaba únicamente de forma implícita dentro del concepto de conflicto de intereses.


En el análisis legislativo se precisó que los parentescos incluyen desde padres, madres, hijos e hijas, hasta sobrinos, nietos, abuelos y otros familiares por afinidad como suegros, cuñados y primos, entre otros.


Durante la sesión, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, presidenta de la comisión, destacó la importancia de fortalecer la congruencia en el servicio público para evitar prácticas que afecten la confianza ciudadana.


Legisladores como Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo señalaron que la medida responde a las demandas sociales actuales, al considerar que este tipo de prácticas son rechazadas por la ciudadanía y deben sancionarse con firmeza.


La iniciativa también recibió posicionamientos que respaldan la necesidad de que estas conductas no se queden únicamente en el debate público, sino que sean efectivamente sancionadas dentro del marco legal.






 

 





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