El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para que los prestadores de servicios de hospedaje —incluidos hoteles, moteles y plataformas digitales de alojamiento— implementen un registro administrativo obligatorio de niñas, niños y adolescentes que se hospeden en sus instalaciones.
La propuesta, turnada a la Comisión de Turismo, plantea adicionar los artículos 59 Bis y 73 Bis a la Ley General de Turismo, con el objetivo de fortalecer medidas de prevención, trazabilidad y protección del interés superior de la niñez.
De acuerdo con el documento, el registro deberá ser realizado por la persona mayor de edad que acompañe al menor, quien tendrá que proporcionar identificación oficial vigente, declarar el parentesco o vínculo jurídico —ya sea por patria potestad, tutela, guarda y custodia o parentesco consanguíneo o por afinidad—, así como manifestar el motivo del hospedaje y registrar el nombre completo y edad del menor.
La iniciativa establece que la información recabada deberá ser tratada de manera confidencial y conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, conservándose únicamente por el tiempo estrictamente necesario y bajo los lineamientos que emita la Secretaría de Turismo.
Asimismo, señala que la negativa injustificada a proporcionar la información mínima requerida impedirá la prestación del servicio de hospedaje, sin perjuicio de las obligaciones de coordinación con autoridades competentes. Los prestadores estarán obligados a poner la información a disposición de las autoridades únicamente cuando sea requerida para la prevención o investigación de posibles delitos que pongan en riesgo a menores.
Las infracciones por omitir el registro podrían sancionarse con multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En caso de reincidencia, se prevé la suspensión temporal de la autorización o registro hasta por 90 días, y si la omisión deriva en un riesgo comprobado de trata, explotación o desaparición, podría aplicarse la cancelación definitiva, sin perjuicio de responsabilidades penales.
En la exposición de motivos, el legislador argumentó que diversos informes internacionales advierten que espacios de hospedaje sin regulación adecuada pueden ser utilizados por redes criminales para ocultar o trasladar víctimas, lo que representa un riesgo para la infancia.
Sánchez Rodríguez afirmó que la reforma permitirá homologar obligaciones entre hoteles y plataformas digitales, cerrando vacíos legales que puedan ser aprovechados para vulnerar derechos de niñas, niños y adolescentes.
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