La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias e instituciones del Gobierno de México, con el propósito de ampliar el acceso de la ciudadanía a la información pública y consolidar el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el decreto establece criterios más claros sobre la información que debe hacerse pública, con el fin de evitar que la difusión de datos quede sujeta a la interpretación de los servidores públicos.
Sheinbaum señaló que la medida busca garantizar el principio de máxima publicidad previsto en la Constitución, limitando la reserva de información únicamente a los casos relacionados con procedimientos judiciales o administrativos en curso y asuntos que involucren seguridad nacional.
Como parte de las nuevas disposiciones, anunció que en un plazo aproximado de un mes se fortalecerá la Plataforma Nacional de Transparencia con herramientas y contenidos adicionales, además de que se publicarán mensualmente los contratos celebrados por las dependencias del Gobierno federal.
La presidenta indicó que el objetivo es que la población pueda conocer con mayor facilidad el destino de los recursos públicos y las actividades que realizan las instituciones gubernamentales.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ampliar la información disponible para consulta ciudadana, incluso más allá de las obligaciones que actualmente establece la legislación en materia de transparencia.
La funcionaria informó que también se realizaron mejoras técnicas a la Plataforma Nacional de Transparencia para facilitar la descarga de documentos, optimizar los formatos de consulta y ofrecer información más completa y actualizada.
Buenrostro detalló que las acciones contempladas en el decreto se concentran en cuatro ejes principales. El primero corresponde a las contrataciones públicas, donde se establece la publicación mensual de todos los contratos celebrados por las dependencias federales.
El segundo eje está relacionado con las empresas productivas del Estado y sus filiales, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales deberán poner a disposición del público información referente a estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante organismos extranjeros.
El tercer apartado contempla una mayor difusión de la información relacionada con auditorías y procesos de fiscalización, incluyendo el Programa Anual de Fiscalización, el avance de las revisiones, el seguimiento de observaciones emitidas por órganos internos de control y los datos sobre despachos auditores externos.
Finalmente, el decreto plantea una invitación a gobiernos estatales, municipales y a otros poderes públicos para que adopten medidas similares y fortalezcan las políticas de transparencia en sus respectivos ámbitos de competencia.
La titular de la Secretaría Anticorrupción añadió que también se revisarán los criterios relacionados con las reservas de información por razones de interés público o seguridad nacional, con el objetivo de reducirlas y privilegiar la publicación de versiones públicas cuando sea posible.
Las autoridades informaron que las disposiciones contenidas en este decreto serán incorporadas a las iniciativas de reforma de la Ley General de Transparencia que actualmente se elaboran en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el propósito de fortalecer el marco legal en materia de acceso a la información pública.
