La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, propuso modificar la Ley General de Víctimas para ampliar la protección de personas y comunidades afectadas por desplazamientos derivados del cambio climático, desastres socioambientales y fenómenos de degradación ambiental.
La iniciativa plantea que la reparación integral del daño incluya medidas de restitución territorial, reconstrucción comunitaria, recuperación ambiental y restablecimiento de los medios de subsistencia de las personas afectadas, además de garantías para evitar que vuelvan a enfrentar situaciones similares.
Entre las principales modificaciones se contempla que las víctimas puedan regresar a sus lugares de origen o acceder a una reubicación planificada, siempre bajo condiciones voluntarias, seguras, dignas, informadas y sostenibles, con pleno respeto a sus derechos humanos.
El proyecto también propone que las autoridades implementen medidas especiales de protección para grupos que enfrenten mayores riesgos ante situaciones de movilidad humana provocadas por el cambio climático o por desastres socioambientales.
Asimismo, las personas afectadas tendrían acceso a atención médica y psicológica especializada de emergencia, así como acompañamiento para recuperar sus condiciones personales, comunitarias y territoriales después de un desastre.
La propuesta introduce además el concepto de “víctimas climáticas”, con el que se identificaría a personas, grupos o comunidades cuyos derechos, bienes, medios de vida o condiciones para una existencia digna resulten afectados por fenómenos relacionados con el cambio climático, degradación ambiental, desastres socioambientales o desplazamientos derivados de estos acontecimientos.
El documento señala que México enfrenta desde hace años desplazamientos internos relacionados con fenómenos naturales y deterioro ambiental. De acuerdo con los datos citados en la iniciativa, alrededor del 68 por ciento de la población mexicana ha experimentado algún desastre a lo largo de su vida.
Uno de los casos señalados corresponde a 2023, cuando se registraron más de 193 mil nuevos desplazamientos internos asociados con desastres naturales, principalmente provocados por tormentas tropicales y huracanes, que representaron alrededor del 95 por ciento de los casos.
Entre los fenómenos que contribuyeron a esta situación se encuentra el huracán Otis, que impactó Guerrero como categoría 5 y provocó importantes daños en comunidades de la costa del estado.
La iniciativa también recuerda los efectos ocasionados durante 2024 por distintos fenómenos hidrometeorológicos en la región del Pacífico, entre ellos el huracán John, que provocó afectaciones en comunidades de Guerrero y Oaxaca.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, las comunidades costeras e indígenas se encuentran entre los sectores con mayores dificultades para enfrentar el desplazamiento climático, debido a condiciones históricas de vulnerabilidad y a la falta de mecanismos institucionales específicos.
La propuesta advierte que las consecuencias de estos desplazamientos no se limitan a la pérdida de viviendas o bienes materiales, pues también pueden afectar la identidad, las tradiciones, los vínculos comunitarios y la relación de las personas con su territorio.
Por ello, la iniciativa busca que la legislación mexicana reconozca de manera específica estas afectaciones y establezca mecanismos de reparación que permitan a las comunidades recuperar sus condiciones de vida o, cuando sea necesario, acceder a una reubicación que preserve sus derechos y vínculos sociales.
