La diputada de Morena, Zaira Cedillo Silva, y la magistrada Erika Icela Castillo Vega, asumieron el compromiso de revisar la ley de amnistía, impulsar una reforma y fortalecer su aplicación para atender casos de personas privadas de la libertad en procesos cuestionados por irregularidades.
El anuncio se realizó durante el foro “Amnistía en México”, este 29 de septiembre, donde participaron colectivos y familiares de detenidos que coincidieron en que la norma requiere ajustes que garanticen acceso a la justicia en la entidad.
En su intervención, la legisladora morenista reconoció que el sistema judicial ha replicado prácticas de corrupción que derivaron en sentencias contra personas inocentes y aseguró que desde el Congreso mexiquense se acompañará la propuesta ciudadana en las comisiones correspondientes, con la participación de las familias afectadas.
Por su parte, la magistrada Erika Castillo, electa para presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), en el periodo 2027-2029, destacó que la aplicación de la amnistía ha permitido liberar a integrantes de pueblos originarios y planteó la necesidad de ampliar esta visión, pero reconoció que requiere mejoras.
“La ley de amnistía nos ha dado la oportunidad de generar una nueva visión de vida para personas que en algún momento cometieron un error, que han cubierto los requisitos de ley y son susceptibles de regresar a casa. Casos recientes en la sala de asuntos indígenas muestran que cuando el Estado reflexiona y reanaliza, puede reconocer que la reinserción es posible”, señaló la magistrada.
En contraste con los compromisos institucionales, María Montoya, vocera del colectivo Haz Valer mi Libertad, advirtió que la amnistía no debe entenderse como perdón, ya que en la mayoría de los casos las acusaciones se originaron en delitos fabricados.
“Los inocentes injustamente presos no tienen por qué perdonar nada porque no cometieron ningún error. El error lo cometió la fiscalía, el error lo cometió el Estado. No se nos debe perdonar nada, lo que exigimos es libertad y el reconocimiento de la inocencia”.
A esta postura se sumaron familiares como Leticia Arcos y Lady Plácido, quienes señalaron que los procesos judiciales han castigado la pobreza y la falta de recursos con años de prisión injusta y traslados irregulares.
En el foro también participó Daniel Plácido Arrollo, liberado tras ocho años de cárcel, quien señaló que la falta de recursos económicos fue el principal obstáculo para acceder a una defensa justa y solicitó que la reforma a la ley de amnistía contemple medidas específicas para casos de alto impacto.
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