Con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027, el Congreso del Estado de México prevé que durante 2026 una parte central de su agenda legislativa se concentre en la revisión del sistema electoral, con énfasis en los plazos legales, la estructura del proceso y el impacto financiero de las elecciones, en un escenario que se anticipa inédito por la incorporación de cargos judiciales a la jornada comicial
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que el siguiente año legislativo será determinante para evaluar posibles ajustes normativos a partir de los diagnósticos que han entregado las autoridades electorales tras los procesos recientes, con el objetivo de llegar a 2027 con reglas claras y funcionales
Uno de los puntos que se analizarán, de acuerdo con el legislador, es la temporalidad del arranque formal del proceso electoral, que actualmente inicia en enero, una definición que podría modificarse si los estudios técnicos advierten ventajas operativas o de organización
“Ese tema corresponderá al Poder Legislativo, hay una muy buena relación y en el momento en que se convoque a mesas o a reuniones de trabajo estaremos listos para recibir los diagnósticos y analizar los ajustes que sean necesarios, siempre con base en información técnica y no en decisiones aisladas”, expresó
Otro de los ejes que formarán parte de la agenda legislativa de 2026 será la discusión sobre el gasto público destinado a la organización de los comicios, un tema que, de acuerdo con Vázquez Rodríguez, se ha mantenido como una de las principales preocupaciones ciudadanas en torno al sistema electoral
El legislador señaló que existen alternativas que permiten reducir costos sin afectar la certeza jurídica ni la confianza en los resultados, entre ellas el análisis de herramientas tecnológicas que ya se aplican en otros países y que podrían adaptarse al contexto mexicano
“Hay una demanda legítima de la ciudadanía por reducir los costos de las elecciones y hay formas de hacerlo, una de ellas es empezar a pensar en el voto electrónico e implementarlo de manera responsable, con pruebas, controles y reglas claras”, afirmó
Francisco Vázquez Rodríguez indicó que cualquier modificación deberá contemplar una aplicación gradual y una planeación de largo alcance, debido a que los trabajos previos al proceso electoral de 2027 comenzarán desde 2026, lo que obliga a tomar decisiones con anticipación y sustento jurídico
En ese sentido, adelantó que el Congreso local prevé la realización de mesas técnicas con autoridades electorales, especialistas y grupos parlamentarios, con el propósito de evaluar los efectos legales, financieros y operativos de cada posible ajuste y evitar improvisaciones
La agenda legislativa del próximo año, agregó, también contemplará la revisión de escenarios extraordinarios como mecanismos de participación ciudadana, lo que implicará analizar atribuciones, plazos y procedimientos, con la finalidad de garantizar certeza jurídica y capacidad operativa en cualquier eventualidad electoral.
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