Opinión y análisis de Arturo Huicochea
Con la voz quebrada y los ojos empañados de lágrimas, la gobernadora del Estado de México, se preguntó: “¿Qué nos faltó para llegar a tiempo y salvar la vida de un niño inocente?”, al hablar del trágico asesinato del pequeño Fernandito, quien fue retenido mortalmente como garantía de un adeudo de mil pesos, y de Dulce, de apenas 12 años, víctima de un ataque armado en Chalco.
Ese instante, conmovedor para quienes lo presenciaron fue, más que una expresión de dolor, un llamado a la conciencia pública que evidenció una preocupante realidad: los representantes populares, las autoridades municipales, ministerios públicos y responsables de la seguridad desconocen sus obligaciones.
El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, entre las obligaciones de los policías, la de proteger inmediatamente a las personas que pidan auxilio, informarlas sobre los derechos; “procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y adoptar las medidas necesarias para a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica”.
Pero las y los policías no se mandan solos. Que cumplan lo anterior, es responsabilidad administrativa de la instancia superior a la policía: el ayuntamiento para el caso de la policía municipal, y el gobierno del Estado, por lo que toca a la policía estatal. Sí, las personas regidoras y síndicas, así como las presidentas municipales, el Fiscal y la misma gobernadora a través de su Secretaría de Seguridad, son responsables jurídica y políticamente del incumplimiento por parte de los elementos de las corporaciones a su cargo, porque la seguridad pública es su principal obligación constitucional.
Los ayuntamientos, fiscalías y cuerpos de seguridad deben entender que una petición de auxilio no puede esperar, se debe proteger a las personas sin mediar trámite alguno. No solo es obligación legal, es un imperativo ético.
El que personificó la gobernadora no debió ser solo un momento conmovedor, sino el primer paso para fincar las responsabilidades a las autoridades municipales, estatales y a los servidores públicos que incumplieron su deber. También, una advertencia pública, para que las dependencias del gobierno del Estado y los municipales revisen las obligaciones legales que no han cumplido, como la presentación del diagnóstico de la criminalidad y las acciones y metas para garantizar la seguridad.
El Estado de México enfrenta enormes retos. Frente a ellos, la estructura jurídica le da responsabilidades y herramientas a los representantes populares y servidores públicos. Pero solo sirven si las conocen y saben aplicarlas.
La emoción liberada por la gobernadora, más que testimonio de impotencia, debe ser impulso para que los 125 ayuntamientos cumplan la Ley de Seguridad y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y el Gobierno del Estado ya someta al escrutinio ciudadano, el Programa Estatal de Seguridad, garantice que los policías conozcan sus derechos y obligaciones, y recuerde que su tarea no consiste reducir el número de denuncias, sino en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y de justicia.
@ArturoHuicochea
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