… ¿De verdad llegaron todas?
El 1 de octubre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó protesta como la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal. Durante su discurso pronunció una frase que rápidamente se convirtió en emblema político y simbólico de su llegada al poder: “No llego sola, llegamos todas”.
La intención de la mandataria era clara: subrayar que su triunfo no representaba únicamente un logro individual, sino la culminación de décadas de luchas de las mujeres mexicanas por la igualdad política y social. En efecto, su llegada a la presidencia parecía confirmar los avances impulsados por movimientos que históricamente pelearon por derechos como el voto femenino, la participación política y la igualdad jurídica.
Sin embargo, desde que fue pronunciada, esa frase también ha generado debates sociales y políticos. Para muchas mujeres, “llegamos todas” suena más a una aspiración que a una realidad. La duda persiste: ¿la frase refleja verdaderamente la situación de las mujeres en México o se ha convertido en un poderoso símbolo político que todavía no se traduce en cambios estructurales?
A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vale la pena plantear algunas preguntas incómodas pero necesarias: ¿qué significa realmente el 8M?, ¿el gobierno escucha las demandas del movimiento feminista?, ¿qué tan efectivas han sido las políticas públicas destinadas a mejorar la vida de las mujeres en el país?
Para entender la dimensión de esta fecha, es importante recordar su origen. El 8M surge de los movimientos obreros y feministas de finales del siglo XIX y principios del XX, en un contexto marcado por la expansión industrial en Estados Unidos y Europa. En aquella época, miles de mujeres trabajaban en fábricas —particularmente textiles— bajo condiciones precarias, con jornadas que podían alcanzar entre 12 y 16 horas, salarios menores que los de los hombres y sin derechos políticos básicos, como el voto.
En 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente el sufragio y la igualdad laboral. Décadas más tarde, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a conmemorar oficialmente el Día Internacional de la Mujer, y en 1977 invitó a los Estados miembros a adoptarlo formalmente.
Es importante subrayar que el 8M no es una fecha de celebración, sino una jornada de memoria, protesta y exigencia. Se trata de un día para visibilizar problemáticas estructurales que, pese al paso del tiempo, siguen presentes en muchas sociedades, entre ellas México: violencia de género, feminicidios, desigualdad económica y discriminación.
Las cifras en el país resultan alarmantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día. Además, cerca del 40% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. En el caso de la violencia sexual, se estima que aproximadamente el 99.7% de los casos no se denuncian o no llegan a investigarse formalmente, lo que revela un profundo problema de impunidad y subregistro.
En el ámbito económico también persisten desigualdades importantes. Mientras que cerca del 77% de los hombres participa en el mercado laboral, en el caso de las mujeres la cifra ronda el 46%. A esto se suma una brecha salarial persistente: en promedio, las mujeres ganan entre un 25% y un 34% menos que los hombres.
Otro aspecto fundamental es el trabajo doméstico y de cuidados, históricamente invisibilizado. En México, las mujeres dedican cerca de 40 horas semanales a estas labores, frente a aproximadamente 16 horas en el caso de los hombres. No es casualidad que 9 de cada 10 personas que abandonan el empleo para cuidar a otros sean mujeres.
Estas cifras reflejan que muchas de las problemáticas que enfrentan las mujeres en México —violencia de género, feminicidio, desigualdad económica y sobrecarga de trabajo doméstico— no son únicamente fenómenos culturales, sino estructurales. Afectan la seguridad, los ingresos, las oportunidades y la autonomía económica de millones de mujeres.
En este contexto, también ha surgido la percepción de que el diálogo entre el gobierno y algunos sectores del movimiento feminista ha sido, por momentos, tenso o insuficiente. Diversas organizaciones han señalado que sus demandas no siempre son escuchadas o que existe una relación marcada por la polarización política.
Un ejemplo recurrentemente citado es la instalación de vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional durante las marchas del 8M. Para muchas activistas, estas barreras simbolizan distancia o confrontación entre el poder político y el movimiento feminista.
Asimismo, algunas voces critican que, aunque existen discursos y políticas públicas orientadas a la igualdad, la implementación y los presupuestos destinados a combatir la violencia de género siguen siendo insuficientes. Entre las iniciativas recientes destaca la creación de la Secretaría de las Mujeres, cuyo objetivo es coordinar políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia. No obstante, su impacto aún está por demostrarse plenamente y requiere evaluación constante.
Las marchas del 8M cumplen varias funciones: recordar las luchas históricas de las mujeres, denunciar injusticias actuales y presionar a gobiernos e instituciones para que adopten políticas públicas eficaces.
Por ello, frases como “No llego sola, llegamos todas” no deberían quedarse únicamente en el terreno del simbolismo político. Deben acompañarse de acciones concretas capaces de reducir la violencia, cerrar las brechas económicas y garantizar condiciones de igualdad real.
Tal vez entonces esa frase pueda convertirse en una realidad palpable. Porque el verdadero significado de “llegamos todas” no se mide en un discurso ni en una investidura histórica, sino en algo mucho más básico y urgente: que todas las mujeres puedan llegar a casa sanas y salvas, que puedan llegar a empleos en igualdad de condiciones, y que puedan llegar a sus metas personales, profesionales y sociales con la dignidad y seguridad que merecen.
