El gobierno de los Estados Unidos no se va por las ramas, y si alguien aquí tenía alguna duda, a 5 meses de su nuevo gobierno lo ha dejado claro al señalar puntualmente a dos instituciones bancarias mexicanas por presunto lavado de dinero.
Ante esta situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam Banco y de Vector Casa de Bolsa. En el caso de los bancos, las autoridades mexicanas indicaron que la sustitución de sus órganos administrativos y de sus representantes legales tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones. En el caso de Vector, casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, se informó que la medida busca proteger los derechos de sus inversionistas y clientes. Estas órdenes se emitieron un día después de que se anunciaron las sanciones por parte del gobierno estadounidense.
No hay duda: la guerra contra los cárteles de la droga no es consecuencia de una iniciativa propia del gobierno mexicano. No, no. Estas acciones son el resultado de las fuertes presiones del gobierno de Donald Trump sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y vaya que están en crisis. Por una parte, el gobierno mexicano tiene que sostener el discurso de que se están haciendo esfuerzos propios en materia de seguridad; por otra, opera en los términos y exigencias que marca el gobierno trumpista.
Podemos estar muchos en desacuerdo con las acciones tan fuertes, tajantes y sin tacto diplomático que caracterizan al equipo de Trump. Sin embargo, si hiciéramos un símil, podríamos decir que Donald Trump es como el padre autoritario que impone soluciones rápidas, sin titubeos... y de forma efectiva, al menos para cumplir con las promesas que lanzó en su campaña.
Durante esa campaña, Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, y lo está cumpliendo. Además, ha puesto en marcha acciones sin precedentes para presionar al gobierno mexicano a que "ponga orden en su casa".
En estos días, el gobierno estadounidense también contempla desestimar solicitudes de asilo de cientos de miles de inmigrantes, con el fin de hacerlos elegibles para la deportación. Esta medida forma parte de una amplia ofensiva migratoria, donde ya se acabaron los trámites tradicionales de asilo político. Actualmente, hay alrededor de 1.45 millones de personas con solicitudes de asilo afirmativo pendientes, y se están utilizando todas las herramientas posibles para expulsar del país a los extranjeros indocumentados.
Mientras tanto, en México, el miedo y los compromisos internos pesan tanto, que nos tiembla la mano para poner orden en el desastre que arrastramos desde hace décadas.
