Perspectivas de Cynthia Valeriano

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha decir de fuentes oficiales, ha muerto. Uno de los lideres de una red criminal que ha forjado una vasta red de violencia y negocios ilícitos en más de 20 estados de nuestro país, así como presencia global en Asia, Europa y Sudamérica. Su eliminación representa lo que muchos funcionarios han presentado como un momento bisagra en la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Sin embargo, más allá del operativo y la retórica gubernamental, la pregunta crucial es una sola: ¿ha cambiado verdaderamente el control económico de la delincuencia organizada en México?

El impacto de la violencia y el crimen organizado en México no es solo perceptible en los titulares de noticias o en las cifras de homicidios: se manifiesta con fuerza macroeconómica. Según estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la violencia costó al país 4.5 billones de pesos en 2024, lo que equivale aproximadamente al 18 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El dato que se presenta en el informe del índice de paz de México, no es una estadística aislada y abstracta, se trata de más de 4 billones de pesos que dejaron de invertirse en el país, que no se tradujeron en pago de impuestos para mejorar la infraestructura o sostener las pensiones de los trabajadores, equivale también a un elevado esfuerzo y presupuesto de familias y empresas, para reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia, e incluso, al analizar los datos, en entidades como como destinado a la seguridad equivale a la pérdida de capital productivo, ingresos que nunca ingresan a las arcas fiscales, gasto privado en seguridad, y recursos que las familias y empresas destinan a protegerse del crimen, se traduce en más de 30 mil pesos en promedio, lo que le costaría a cada mexicano y mexicana gastar al año para resguardar su vida y la de sus seres queridos. En varias entidades, ese impacto supera el 30 % del PIB estatal, un nivel que mina la actividad económica local.

Una de las críticas más persistentes al manejo fiscal de la seguridad nacional es la proporción del PIB que se le destina. En México, el gasto total en seguridad pública y sistema judicial apenas representa 0.65 % del PIB, menos de la mitad del promedio latinoamericano y de países de la OCDE. Solo para el 2025, el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tuvo un recorte del 33.4% respecto al 2024.

Si a esa cifra se le suma el gasto militar (que ha aumentado significativamente en años recientes debido a la operación del tren maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la aerolínea Mexicana, etc.) vemos un sesgo claro: más inversión en capacidad coercitiva y menos en justicia y seguridad pública preventiva, lo que genera un círculo vicioso en el cual la respuesta estatal es reactiva y costosa en términos humanos y económicos.

Además, recientes propuestas presupuestales han planteado reducciones en la inversión en seguridad pública en favor de Pemex, como los 136 mil millones de pesos destinados a aportaciones de capital lo que puede profundizar la vulnerabilidad estructural del país ante grupos criminales con vastas capacidades económicas.

Las organizaciones delictivas en México no solo se financian con narcotráfico, sino también con la recaudación de “impuestos ilegales” que cobran a miles de MIPyMEs y negocios en forma de extorsión o derecho de piso.

Algunos estudios como los elaborados por la CONCANACO SERVYTUR o el Observatorio Nacional Ciudadano, muestran que más del 66 % de extorsiones resultan en pagos efectivos, lo que significa que grandes volúmenes de capital productivo salen de los circuitos legales para engrosar economías criminales, con enormes dificultades para seguir su rastro y con ello facilitar las tareas de investigación y detención.

Estos pagos indebidos, representan costos adicionales comparables a tributos formales, elevando precios, reduciendo márgenes de ganancia y, en casos extremos, obligando a las empresas o negocios a cerrar. Esta mala práctica ya aceitada con dinero ilegal que en no pocas ocasiones llega a funcionarios de los gobiernos municipales o estatales, afecta drásticamente la competitividad, ya que permite que solo las empresas o negocios que están dispuestas a aceptar las reglas impuestas por el crimen sobrevivan, desalientan la inversión y reconducen la conducta de los emprendedores, obligándolos en muchos casos a optar por actividades informales para pasar desapercibidas, reduce la recaudación de impuestos legal impactando negativamente los recursos del Estado (por ejemplo en casi un billón de pesos solo en el 2024), distorsionan las cadenas productivas ya que desde el productor hasta el comerciante o distribuidor final destinan por lo menos el 10% de sus gastos operativos a pagos de protección, monto que después trasladan al consumidor final.

Ahora bien, claro que debe reconocerse el esfuerzo realizado y el enorme significado de lo sucedido el fin de semana, el grupo criminal ahora se verá envuelto en revueltas internas para definir el control y el mando en su interior, sin embargo, sin un cambio estructural en el control de las fuentes económicas, de donde obtienen los recursos para seguir con sus actividades criminales, las organizaciones tienden a regenerarse, diversificar sus negocios ilícitos y consolidar redes más opacas basadas en extorsión, huachicoleo, lavado de dinero y otros resortes financieros.

La evidencia sugiere que, solo ante trabajos de fiscalización agresiva, mayor inversión en justicia y seguridad pública, y políticas económicas que combatan la captura económica de territorios por mafias, el saldo neto de la acción estatal sería positivo, en pocas palabras, el crimen surge a partir del deseo de acaparar recursos, de forma violenta, en beneficio de unos cuantos, pero necesitan que esos recursos puedan ser reconocidos como legales para entrar de nuevo al mercado legal y gastarlo. No tiene sentido acaparar recursos que no pueden gastarse o expandirse, por lo que la clave seguirá siendo, seguir el rastro del dinero.

El asesinato de El Mencho no es el final de un capítulo en la negra historia de la delincuencia organizada en México, pero si es un ejemplo de la enorme fragilidad del control económico del crimen organizado, considerando que el desafío que debe enfrentar el Estado no es eliminar a los líderes, sino desmantelar las estructuras económicas y sociales que los sostienen.

Mientras no se sostenga esta visión o se realicen los esfuerzos conducentes para priorizar la seguridad por encima de otros tópicos con una visión electoral, el control económico de la delincuencia organizada seguirá siendo la variable oculta que define el desarrollo económico, la confianza social y el rumbo fiscal de México.