Las penas llegarían hasta 23 años si el delito es cometido por personas servidoras públicas del ámbito educativo.
Diputadas plantean medidas especiales de protección para menores inocentes en centros penitenciarios.
Diputadas plantean medidas especiales de protección para menores inocentes en centros penitenciarios.
Al señalar que mil 250 escuelas de las 20 mil existentes en la entidad fueron vandalizadas y sufrieron robo de mobiliario, insumos y equipamiento durante la pandemia, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes planteó que se impongan penas de nueve a 15 años de prisión por el robo de escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, castigo que podría llegar hasta 23 años si el delito es cometido por una persona servidora pública del ámbito educativo.
Además, la propone que, además del castigo descrito, se adhieran de dos a cinco años de prisión cuando en el delito se use algún tipo de violencia o se dañe la infraestructura, mobiliario o instalaciones hidráulicas o eléctricas del centro educativo, así como de tres a ocho años de prisión cuando el delito sea cometido por personal del ramo educativo.
La propuesta pretende establecer una correcta proporcionalidad en las penas a quienes cometan el delito de robo, estableciendo agravantes que garanticen la seguridad en las escuelas, prevengan este tipo de acciones, eviten la afectación de quienes prestan servicios educativos y pondera el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia analizará esta propuesta.
Por otra parte, diputados solicitaron medidas de protección para menores en centros penitenciarios, el Congreso local analizará la iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México presentada por las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo para determinar medidas especiales de protección para quienes viven sus primeros años de vida en una prisión debido a que su progenitora se encuentra privada de la libertad.
Entre sus objetivos destacan ampliar las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para que, en conjunto con las autoridades penitenciarias, implemente y garantice el acceso de niñas, niños y adolescentes a salas de lactancia, servicios del registro civil, incorporación al sistema de salud, estimulación temprana y educación inicial, así como a la atención psicológica. Las comisiones Para la Atención de Grupos Vulnerables y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia analizarán esta iniciativa.
