Ojalá
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura; ahí se incluyen las de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Esos proyectos prioritarios o estratégicos suelen tener disponibilidad de gran caudal de recursos asegurados, cuyo uso no deja degenerar inquietud e interés público y político.
Casualmente esta disposición se promulga a los pocos días que un reportaje de Latinus, con base en información obtenida de la SEDENA a través de transparencia, donde se evidencia que de la revisión de 966 contratos entregados de 2019 a 2021, por militares encargados del desarrollo de obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un 70% fueron asignados directamente, 30% por concurso simplificado en invitación a tres posibles proveedores y además que algunos fueron asignados a empresas fantasma y “sociedades investigadas por el desvío de recursos” entre otras irregularidades, según señala la misma investigación periodística.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Simplemente que al ser declarado el Proyecto del Aeropuerto de Interés Público y Seguridad Nacional, toda la información relativa a este y otros proyectos de similar naturaleza, podría clasificarse como reservada, según la Ley de Transparencia -como de hecho ya ocurrió hace unos días que reservó por cinco años los anexos técnicos con los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y diversos documentos del título de concesión del Aeropuerto, otorgado a la empresa que es controlada por el ejército mexicano -lo cual puede ser entendible para evitar cualquier intento de sabotaje- pero la información financiera como la que ahora ha evidenciado el cuestionable proceder de los militares a cargo de las obras, podría quedar bajo la misma reserva (en lo obscurito) y sólo accedería la población a los datos que el gobierno quiera proporcionar. Opacidad a la cuarta potencia digamos. Regresión con una maniobra vieja.
Así, este gobierno que tanto ha pregonado autoridad moral, combate total a la corrupción y que barre las escaleras de arriba hacia abajo, una vez más, da señales preocupantes cuando ignora la Ley o la moldea a su capricho para evitar ser evaluado o cualquier objeción a su voluntad, pues ya se sabe también que ante los proyectos considerados de Seguridad Nacional no proceden amparos. Estrategia también probada por este gobierno.
Ojalá ni se le ocurra predicar con el ejemplo, pues ya de por sí emproblemados los estados y municipios, ¿qué pasaría si igual decidieran ignorar la ley, asignar contratos directamente o suprimir las disposiciones que significaran alguna obligación de transparencia y todo impunemente? ¿Sería tan aceptable e impune?
Ojalá que esta “adecuación” que además incluye que las dependencias otorguen autorizaciones “express” para inicio de obras, aún sin dictámenes técnicos, para acelerarlas; o que les apliquen afirmativa ficta después cierto tiempo de haberlas solicitado, sea revisada y acotada por las autoridades jurisdiccionales. Ni se les ocurra normalizar semejante ocurrencia.
Preocupa adicionalmente, que nadie se atreva a decirle al Presidente lo inadecuado e inviable de su decreto o la resistencia que enfrentará en los tribunales; peor aún, pensar que alguien le venda ideas de esta magnitud y él se decida a impulsarlas pasando sobre cualquier razonamiento jurídico, o intentar descaradamente arrollar todo lo establecido con un pretexto más que una razón, por el hecho de ser el presidente.?
Esos proyectos prioritarios o estratégicos suelen tener disponibilidad de gran caudal de recursos asegurados, cuyo uso no deja degenerar inquietud e interés público y político.
Casualmente esta disposición se promulga a los pocos días que un reportaje de Latinus, con base en información obtenida de la SEDENA a través de transparencia, donde se evidencia que de la revisión de 966 contratos entregados de 2019 a 2021, por militares encargados del desarrollo de obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un 70% fueron asignados directamente, 30% por concurso simplificado en invitación a tres posibles proveedores y además que algunos fueron asignados a empresas fantasma y “sociedades investigadas por el desvío de recursos” entre otras irregularidades, según señala la misma investigación periodística.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Simplemente que al ser declarado el Proyecto del Aeropuerto de Interés Público y Seguridad Nacional, toda la información relativa a este y otros proyectos de similar naturaleza, podría clasificarse como reservada, según la Ley de Transparencia -como de hecho ya ocurrió hace unos días que reservó por cinco años los anexos técnicos con los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y diversos documentos del título de concesión del Aeropuerto, otorgado a la empresa que es controlada por el ejército mexicano -lo cual puede ser entendible para evitar cualquier intento de sabotaje- pero la información financiera como la que ahora ha evidenciado el cuestionable proceder de los militares a cargo de las obras, podría quedar bajo la misma reserva (en lo obscurito) y sólo accedería la población a los datos que el gobierno quiera proporcionar. Opacidad a la cuarta potencia digamos. Regresión con una maniobra vieja.
Así, este gobierno que tanto ha pregonado autoridad moral, combate total a la corrupción y que barre las escaleras de arriba hacia abajo, una vez más, da señales preocupantes cuando ignora la Ley o la moldea a su capricho para evitar ser evaluado o cualquier objeción a su voluntad, pues ya se sabe también que ante los proyectos considerados de Seguridad Nacional no proceden amparos. Estrategia también probada por este gobierno.
Ojalá ni se le ocurra predicar con el ejemplo, pues ya de por sí emproblemados los estados y municipios, ¿qué pasaría si igual decidieran ignorar la ley, asignar contratos directamente o suprimir las disposiciones que significaran alguna obligación de transparencia y todo impunemente? ¿Sería tan aceptable e impune?
Ojalá que esta “adecuación” que además incluye que las dependencias otorguen autorizaciones “express” para inicio de obras, aún sin dictámenes técnicos, para acelerarlas; o que les apliquen afirmativa ficta después cierto tiempo de haberlas solicitado, sea revisada y acotada por las autoridades jurisdiccionales. Ni se les ocurra normalizar semejante ocurrencia.
Preocupa adicionalmente, que nadie se atreva a decirle al Presidente lo inadecuado e inviable de su decreto o la resistencia que enfrentará en los tribunales; peor aún, pensar que alguien le venda ideas de esta magnitud y él se decida a impulsarlas pasando sobre cualquier razonamiento jurídico, o intentar descaradamente arrollar todo lo establecido con un pretexto más que una razón, por el hecho de ser el presidente.?
