La democracia es desesperantemente lenta para tomar decisiones. Y qué bueno que lo sea. Esa lentitud, que tanto incomoda a quienes ejercen el poder, no es un defecto de fabricación, sino una de sus principales virtudes. Los procedimientos, las deliberaciones y los contrapesos existen precisamente para evitar que cualquier iluminado, convencido de tener siempre la razón, termine haciendo lo que le venga en gana.

Pero en México hemos desarrollado una curiosa afición por confundir la eficacia con la concentración del poder. Cada vez que una institución estorba, aparece alguien dispuesto a explicarnos que los procedimientos son demasiado complejos, que las discusiones retrasan las decisiones y que los contrapesos impiden dar resultados. El remedio, por supuesto, siempre es el mismo: quitar obstáculos y dejar que decida una sola persona. En ese contexto es como se entienden aquellas arengas de “¡Al diablo con las instituciones!” y “¡No me vengan con que la ley es la ley!”, de López Obrador.

Así nos han vendido, una y otra vez, el cuento de la prisa. Hay que actuar rápido, transformar de inmediato y dejar atrás las viejas prácticas. Suena estupendo, hasta que descubrimos que entre las prácticas que pretenden eliminar están precisamente aquellas que impiden los abusos.

El caso del Instituto Nacional Electoral es un ejemplo difícil de ignorar.

Durante décadas, México construyó un sistema electoral destinado a sacar de las manos del gobierno la organización de las elecciones. No fue una concesión graciosa del poder, sino el resultado de conflictos, negociaciones, reformas y una larga desconfianza ciudadana hacia quienes organizaban los comicios en los que ellos mismos participaban.

Por eso resulta particularmente preocupante lo ocurrido durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

En octubre de 2024, mientras el país estaba ocupado con las reformas al Poder Judicial, el Congreso aprobó modificaciones a la legislación electoral que permitieron a la presidencia del INE designar directamente a los titulares de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Hasta entonces, esos nombramientos requerían una mayoría calificada del Consejo General.

Dicho de otra manera, lo que antes exigía convencer a otros consejeros pasó a depender de la voluntad de una sola persona.

La justificación podía presentarse como una necesidad de eficiencia administrativa. El problema es que el INE no es una empresa privada ni su presidencia una dirección general con facultades para disponer libremente de la institución. Su diseño responde a una lógica distinta: la conducción colegiada de un organismo cuya independencia resulta indispensable para la competencia democrática.

Tan discutible fue aquella reforma que el propio Consejo General aprobó impugnarla constitucionalmente. No se trataba, pues, de una simple disputa de egos entre consejeros, sino de una controversia sobre la distribución del poder dentro del organismo.

Y aquí aparece una de las grandes ironías de nuestra política: quienes tanto hablan de democratizar las instituciones parecen encontrar incómoda la democracia cuando tienen que practicarla dentro de ellas.

Ahora, con la renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, el asunto adquiere una dimensión todavía más delicada.

Su salida ocurre en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones del Instituto y de investigaciones que deberán esclarecer los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades. No corresponde convertir las sospechas en sentencias, pero tampoco aceptar que una renuncia cierre los expedientes o sustituya las explicaciones que se deben a la ciudadanía.

Lo verdaderamente inquietante es que el problema institucional no se resuelve con la salida de quien recibió aquellas facultades extraordinarias. Las personas se van. Las reglas permanecen.

Y quienes desde el Congreso facilitaron esa concentración de atribuciones no pueden fingir ahora que el asunto les resulta ajeno. La reforma no apareció por generación espontánea: fue propuesta y aprobada por legisladores que tenían la obligación de preservar el equilibrio institucional, no de debilitarlo. El problema tampoco termina en el INE ni se limita al gobierno federal.

La misma tentación aparece en los estados, donde algunos gobernadores prefieren congresos dóciles antes que legisladores independientes, y en los municipios, donde no faltan alcaldes que quisieran convertir a sus cabildos en simples oficinas de aprobación de sus decisiones. Parece ser un cáncer incubado a partir de la llegada al poder de estos populistas disfrazados de demócratas.

Cambia el tamaño del presupuesto, cambia la importancia del cargo y cambia el alcance de las decisiones, pero la lógica es idéntica: mientras menos personas puedan cuestionar al gobernante, más cómodo resulta gobernar. Y aquí está precisamente el problema.

Los contrapesos no existen para hacerle la vida agradable a quien gobierna. Existen para limitarlo; para obligarlo a explicar, negociar, justificar y, cuando corresponda, rectificar. Si un gobernante considera que esas obligaciones son un estorbo, probablemente no ha terminado de comprender qué significa ejercer el poder en una democracia.

Desde luego, las instituciones pueden y deben mejorar. La autonomía no significa impunidad, ni la colegialidad garantiza por sí misma decisiones acertadas. Pero hay una enorme diferencia entre corregir los defectos de una institución y aprovecharlos como pretexto para concentrar sus facultades.

México tardó décadas en construir un árbitro electoral capaz de actuar con independencia del gobierno. Sería absurdo sostener que todo lo construido fue perfecto, pero también lo sería ignorar el costo histórico de aquellas conquistas.

Hoy, con el proceso electoral de 2027 en marcha, la discusión no debería reducirse al nombre de quien sustituya a Taddei. La verdadera pregunta es si se corregirán las reglas que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del Instituto o si simplemente se buscará a alguien más para ejercerlas.

Porque cambiar de persona sin corregir el diseño institucional puede terminar siendo apenas un relevo de beneficiarios.

La democracia cuesta tiempo, exige paciencia y obliga a negociar. Es incómoda, especialmente para quienes tienen mayoría y consideran innecesario escuchar a los demás. Pero esas incomodidades son justamente las que distinguen a un gobierno democrático de uno que solamente celebra elecciones.

Al final, convendría recordar algo elemental: los contrapesos no se inventaron para proteger a los gobernantes de sus adversarios, sino para proteger a los ciudadanos de sus gobernantes. El pueblo no es, ni puede ni debe ser, un enemigo del poder; pero los gobernantes sin freno han sido, son y serán, más allá de su partido, los verdugos de sus pueblos.

En su momento la gente dijo: “El INE no se toca”, los políticos de la 4T decidieron hacer oídos sordos y lo tocaron. Desgraciadamente, hoy vemos cómo es que finalmente lo pudrieron.

Y cuando alguien tiene demasiada prisa por quitar los frenos del poder, vale la pena preguntarse a quién pretende llevarse por delante.