JustaMente del Dr. Ramón Cabrera
Estados Unidos armó el caso del narcoestado de Morena en Sinaloa a partir del testimonio de los capos de cada uno de los dos grupos criminales en pugna: por un lado, lo que les dijo "El Mayo" y, por el otro, lo que declararon "Los Chapos".
La Presidenta pidió pruebas y se negó materialmente a procesar la extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza.
Cuando parecía que Sheinbaum empezaba a recomponerse del golpe de EUA, ahora le cayeron dos patadas más, una al hígado y la otra a la mandíbula, con lo que su estrategia de defensa del morenismo se ve herida quizá de manera letal.
Me refiero a la caída de dos de las piezas centrales del tablero sinaloense:
a) El general Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública, quien se habría entregado a las autoridades de EUA tras cruzar la frontera por Nogales, Arizona.
b) Enrique Díaz Vega: exsecretario de Finanzas, capturado en Europa y quien aceptó su entrega directa a la justicia estadounidense.
Esto no puede leerse como una serie de hechos aislados ni fortuitos; más bien parece la ejecución de un manual de asfixia judicial perfectamente planificado por el Departamento de Justicia de EE. UU. Para desmantelar una red de macrocriminalidad institucional, los fiscales de Nueva York necesitaban cruzar tres fuentes de información infalibles. Hoy ya las tienen:
1. La operativa-criminal: El testimonio de los capos que ya están bajo su custodia.
2. La de los vínculos institucionales: El secretario de Seguridad, que conoce los mapas de despliegue, las bitácoras de omisión y los pactos de brazos caídos. Él se las brindará.
3. La de la ruta del dinero: Que será proporcionada por el secretario de Finanzas, el hombre que administró la caja registradora, el que sabe dónde se cruzan los fondos limpios del presupuesto con las corrientes grises de las factureras y los flujos negros del financiamiento electoral.
Cuando el dicho de un criminal coincide con la bitácora del custodio del orden y se amarra con la transferencia bancaria del administrador financiero, el caso se vuelve penalmente indefendible. El rompecabezas está completo.
Así, la retórica de Palacio queda, por lo menos, contra las cuerdas, si no es que con la espalda a la lona. Este manotazo judicial de Washington no solo habrá encuerado al gobierno estatal de Sinaloa, sino que deja en una postura de absoluta debilidad y falsedad a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante semanas, la narrativa oficial desde el centro del país fue la de blindar políticamente al morenismo sinaloense, descalificando las investigaciones como "injerencismo" o "guerra sucia". Ante esto, EUA ahora responderá con pruebas y confesiones de los actores principales del elenco de la obra.
Hoy, la terca realidad exhibe que el discurso de la "soberanía y la pacificación" era un cascarón vacío. Que la justicia de otro país sea la que capture, procese y obligue a rendir cuentas a los altos mandos del estado demuestra una de dos verdades igual de graves para la administración federal: o el Gobierno de la República no tenía el control ni el conocimiento de lo que ocurría en sus propias dependencias, o decidió mirar hacia otro lado. Como sea, la Presidenta quedó expuesta.
Por otro lado, el factor de fondo es el pragmatismo de la supervivencia. Más allá del ajedrez geopolítico, hay una lectura humana y cruda que explica la velocidad de estas entregas fast-track: el temor fundado de los dos exsecretarios sinaloenses a ser silenciados en suelo mexicano.
En un escenario de alta volatilidad donde los hilos conducen a las cúpulas del poder político y del crimen organizado, quedarse en México significaba convertirse en el eslabón más débil —y prescindible— de la cadena.
El pragmatismo se impuso: ante el riesgo inminente de un "accidente" o una ejecución que sepultara los secretos del régimen, una celda en Nueva York o un acuerdo de culpabilidad en Brooklyn se convirtieron, paradójicamente, en el único seguro de vida disponible tanto para el general en retiro como para el financiero.
La carrera por el botón de pánico ha comenzado. El mensaje para los ocho acusados restantes en el expediente es demoledor: el barco ya se hundió, las pruebas ya cruzaron la frontera y los primeros en negociar se llevarán los mejores beneficios procesales.
El sismo pegará fuerte en Palacio Nacional y sus réplicas se dejarán sentir hasta “La Chingada”.
