Ricardo Joya Cepeda
La piratería en México provoca la pérdida de 480 mil empleos al año. De acuerdo con el Centro de Investigación y Desarrollo, Asociación Civil (CIDAC) y la American Chamber of Commerce of Mexico, durante 2014 ese problema representó –tan solo en un año- un "negocio" de 43 mil millones de pesos, cifra equiparable a los recursos necesarios para la reconstrucción de las zonas devastadas por los temblores de septiembre pasado.
El fenómeno de la piratería es una expresión del "no respeto a la ley" por parte de los mexicanos y, por otro, de las condiciones económicas que impiden -a gran parte de la población- adquirir productos "de marca" u "oficiales". Lo lamentable es que también hay un sector que, a pesar de tener las condiciones para comprar productos legales, decide adquirir mercancía pirata.
En términos de percepción pública, el fenómeno de la corrupción se le atribuye a la autoridad, por ser la instancia encargada de evitar el rompimiento de la legalidad y porque muchos de los trámites y procedimientos que establece, son espacio ideal para las prácticas de corrupción. La indiferencia o la no participación de los ciudadanos favorecen su existencia y propagación.
Urge fortalecer una cultura de la legalidad que contribuye a generar conductas personales y sociales que abonen a un clima de respeto, no solamente a las leyes, sino al resto de las personas.
La corrupción está atada, como muchos otros fenómenos públicos, a un tema de percepción. Es innegable que el saber sobre actos de corrupción impacta necesariamente en nuestra forma de reaccionar ante la autoridad.
Un estudio reciente de Pew Research Center, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos, dado a conocer por sinembargo.mx señala que 93 por ciento de los mexicanos no confía en su gobierno, ni cree en la democracia, ubicándonos en peores niveles que Venezuela, donde el rechazo es de 73 por ciento.
El think thank especializado en asuntos de opinión pública indica que solamente seis por ciento de los mexicanos está satisfecho con las prácticas democráticas y dos por ciento "confía mucho" en el actual gobierno. Incluso los datos advierten un riesgo: 42 por ciento de los mexicanos estaría a favor de un régimen militar, con todos lo que eso podría implicar.
Es así que la comunicación institucional influye necesariamente en la percepción, porque la forma como se califica o recuerda una gestión depende de la información que reciban los ciudadanos -los habitantes en general- con respecto al gobierno. La transparencia y el ejercicio de la libertad de expresión han contribuido a más conocimiento, pero no necesariamente han significado ni mayor calidad de vida, ni reducción de la corrupción y tampoco una mejor evaluación de los gobernantes.
Lo hemos comentado en otro momento… ¿Qué sucederá cuando nadie confíe en nadie?
El fenómeno de la piratería es una expresión del "no respeto a la ley" por parte de los mexicanos y, por otro, de las condiciones económicas que impiden -a gran parte de la población- adquirir productos "de marca" u "oficiales". Lo lamentable es que también hay un sector que, a pesar de tener las condiciones para comprar productos legales, decide adquirir mercancía pirata.
En términos de percepción pública, el fenómeno de la corrupción se le atribuye a la autoridad, por ser la instancia encargada de evitar el rompimiento de la legalidad y porque muchos de los trámites y procedimientos que establece, son espacio ideal para las prácticas de corrupción. La indiferencia o la no participación de los ciudadanos favorecen su existencia y propagación.
Urge fortalecer una cultura de la legalidad que contribuye a generar conductas personales y sociales que abonen a un clima de respeto, no solamente a las leyes, sino al resto de las personas.
La corrupción está atada, como muchos otros fenómenos públicos, a un tema de percepción. Es innegable que el saber sobre actos de corrupción impacta necesariamente en nuestra forma de reaccionar ante la autoridad.
Un estudio reciente de Pew Research Center, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos, dado a conocer por sinembargo.mx señala que 93 por ciento de los mexicanos no confía en su gobierno, ni cree en la democracia, ubicándonos en peores niveles que Venezuela, donde el rechazo es de 73 por ciento.
El think thank especializado en asuntos de opinión pública indica que solamente seis por ciento de los mexicanos está satisfecho con las prácticas democráticas y dos por ciento "confía mucho" en el actual gobierno. Incluso los datos advierten un riesgo: 42 por ciento de los mexicanos estaría a favor de un régimen militar, con todos lo que eso podría implicar.
Es así que la comunicación institucional influye necesariamente en la percepción, porque la forma como se califica o recuerda una gestión depende de la información que reciban los ciudadanos -los habitantes en general- con respecto al gobierno. La transparencia y el ejercicio de la libertad de expresión han contribuido a más conocimiento, pero no necesariamente han significado ni mayor calidad de vida, ni reducción de la corrupción y tampoco una mejor evaluación de los gobernantes.
Lo hemos comentado en otro momento… ¿Qué sucederá cuando nadie confíe en nadie?
