La diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, de Morena, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de México para fortalecer la protección del patrimonio de las personas adultas mayores frente al abuso familiar, el despojo y otras formas de aprovechamiento indebido de relaciones de confianza.
La propuesta busca que este sector conserve su independencia y tenga garantías para disfrutar de los bienes que ha construido a lo largo de su vida, sin quedar desprotegido cuando su patrimonio, tranquilidad o dignidad se encuentren amenazados, incluso por integrantes de su propia familia.
El proyecto, presentado durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, plantea ampliar el reconocimiento de la violencia patrimonial para incluir conductas en las que una persona aproveche relaciones de parentesco, confianza, cuidado, apoyo o dependencia para inducir, obtener o ejecutar actos de administración, disposición, gravamen o transmisión de bienes y derechos en perjuicio de otra.
También contempla acciones u omisiones que afecten la supervivencia, autonomía patrimonial o libre disposición de bienes mediante su sustracción, retención, ocultamiento, disposición o administración indebida.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que la edad no podrá considerarse, por sí sola, una presunción de incapacidad, dependencia o falta de aptitud para administrar o disponer del patrimonio.
En materia contractual, el proyecto propone que una persona pueda solicitar la nulidad de un contrato o la reducción equitativa de sus obligaciones cuando la otra parte aproveche su ignorancia, inexperiencia, miseria, estado de necesidad o una relación de dependencia, confianza, cuidado o apoyo para obtener un beneficio excesivo y evidentemente desproporcionado.
Cuando una de las partes sea una persona adulta mayor, la existencia de una posible lesión contractual deberá evaluarse de acuerdo con las circunstancias particulares del caso y con perspectiva de persona mayor. La edad tampoco podrá utilizarse como prueba automática de incapacidad, dependencia, ignorancia, inexperiencia o vicio del consentimiento.
La iniciativa también plantea ampliar los supuestos para revocar donaciones cuando quien las recibe ejerza violencia familiar contra la persona donante. Para el caso de personas adultas mayores, incluye conductas como abandono físico o moral, explotación, despojo, violencia patrimonial y aprovechamiento indebido de relaciones familiares o de confianza que afecten su dignidad, integridad, autonomía o patrimonio.
Además, establece que para solicitar la revocación de una donación no será necesario contar previamente con una sentencia penal condenatoria.
Como parte de la justificación, el documento refiere que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, la entidad contaba con 2 millones 390 mil 564 personas adultas mayores.
La legisladora señaló que esta cifra evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos jurídicos para proteger los derechos, la autonomía y el patrimonio de este sector de la población.
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