El Congreso del Estado de México analizará una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para armonizar la Constitución local con las disposiciones federales en materia de nacionalidad y establecer que quien ocupe la gubernatura cuente únicamente con la nacionalidad mexicana.
La propuesta plantea que las personas aspirantes no adquieran otra nacionalidad o, en caso de contar con ella, renuncien antes de solicitar el registro de su candidatura. También establece que, durante el ejercicio del cargo, no podrán obtener ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta a la mexicana.
El documento fue leído por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, del Partido del Trabajo, durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense. La iniciativa busca armonizar la Constitución estatal con la reforma federal publicada el 7 de octubre de 2026, que establece este requisito para quienes aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El proyecto recuerda que desde 1998 el Estado de México contempla en su Constitución el requisito de no contar con otra nacionalidad para ejercer la gubernatura. Sin embargo, considera necesario precisar que quienes tengan una nacionalidad adicional deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
Asimismo, la propuesta establece que la prohibición se extendería a todo el periodo de ejercicio del cargo e incluiría el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros Estados, el ejercicio de derechos políticos ante autoridades extranjeras y la posibilidad de acogerse a su protección diplomática.
El incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado conforme a los títulos de responsabilidades de las constituciones federal y estatal, relativos a las obligaciones de las personas servidoras públicas y las consecuencias por faltas administrativas o hechos de corrupción.
La iniciativa también incorpora lenguaje incluyente para visibilizar la participación de las mujeres en los cargos públicos y adecuar la redacción constitucional a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.
El documento señala que el requisito no pretende cuestionar la identidad, pertenencia o compromiso de las personas con doble nacionalidad, sino establecer una condición vinculada con la naturaleza de las responsabilidades públicas, a fin de garantizar un vínculo jurídico y político con el Estado mexicano.
Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre el Congreso mexiquense, en su calidad de Congreso Constituyente Permanente, aprobó la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República.
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