La Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado de México aprobó reformas a la Ley de la Juventud de la entidad para fortalecer la formación y el desarrollo integral de este sector, mediante mecanismos que garanticen su participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas y el ejercicio pleno de sus derechos.
El dictamen deriva de la iniciativa presentada por la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, ambos del PAN. La propuesta busca impulsar la participación de las juventudes en los ámbitos político, social, económico y cultural, desde un enfoque multidisciplinario.
Entre sus planteamientos se establece que las autoridades estatales y municipales deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas jóvenes, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, propone que el Ejecutivo estatal, sus dependencias, organismos auxiliares y los municipios tengan la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos de este sector.
Las reformas también contemplan incorporar mecanismos que aseguren la participación juvenil en las decisiones sobre políticas públicas, definir los principios rectores de la política estatal en la materia y precisar las facultades y competencias de las autoridades estatales y municipales.
Otro de los objetivos es establecer bases generales para que las personas jóvenes participen en los sectores público, privado y social en acciones dirigidas a garantizar su protección, el ejercicio de sus derechos y la prevención de posibles vulneraciones.
El proyecto reconoce a las juventudes como actores sociales estratégicos para la transformación y el desarrollo del Estado de México. Para ello, establece dos categorías de edad: jóvenes mayores, de 18 años cumplidos y menos de 30, y adolescentes, de 12 a 18 años.
No obstante, precisa que esta clasificación no sustituye los límites de edad establecidos en otras disposiciones legales relacionadas con garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.
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Entre los principios rectores que se incorporarían a la legislación se encuentran la perspectiva de juventud y de género, la atención a grupos vulnerables, el enfoque de derechos, la interculturalidad, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el acceso a una vida libre de violencias y la accesibilidad.
Durante la reunión, presidida por el diputado Isaías Peláez Soria, del PVEM, la legisladora proponente destacó que las personas jóvenes son titulares de derechos, agentes de cambio y protagonistas de las decisiones que contribuyen a construir el futuro de la entidad.
Por ello, llamó a este sector a no permitir que se minimice el valor de sus ideas por razones de edad ni que se considere que la política es un espacio al que únicamente pueden incorporarse al alcanzar la mayoría de edad o con autorización de otras personas.
