A los que nos toca leer códigos, revisar jurisprudencia y debatir en los pasillos de la facultad sobre el papel de las normas en la sociedad, de repente nos cae la realidad de golpe cuando vemos reformas que se redactan desde un escritorio sin mirar las calles. Esto pasa con la reciente movida sobre los cobros digitales obligatorios y las facultades exprés que le soltaron a la Secretaría de Hacienda para decidir qué sectores van a entrar al aro en quince días hábiles.
Por un lado, en las clases de derecho fiscal o económico te enseñan que la formalidad y la digitalización son el Santo Grial contra la evasión y el lavado de dinero. Y sí, fiscalizar a través de plataformas electrónicas le da al Estado un control impresionante sin necesidad de inventar impuestos nuevos. Suena muy limpio y moderno sobre el papel.
Pero el problema viene cuando cruzas la teoría con la práctica. ¿Cómo le pides a una miscelánea, a un puesto de mercado o a un negocio en una zona donde el internet falla a cada rato que absorba comisiones bancarias, compre terminales y opere 100% digital? El derecho no puede ignorar la realidad económica de la gente; exigir eso de golpe es poner una carga desproporcionada a quienes apenas sobreviven con su margen de ganancia diario.
Aquí es donde los amparos van a empezar a llover. Desde el punto de vista constitucional, dejar que Hacienda decida de forma tan discrecional qué giros entran y cuáles no, y soltar un concepto tan ambiguo como las "contingencias" para cobrar en efectivo, rompe con la seguridad jurídica y vulnera la libertad de comercio. Las leyes tienen que dar certeza, no dolores de cabeza ni vacíos que dejen al comerciante en el limbo.
Modernizar la economía mexicana es necesario, nadie dice lo contrario, pero hacerlo a puro golpe de decreto y sin piso parejo solo convierte una buena intención fiscal en un problema legal y social muy pesado.
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