El Gobierno de México destinará los 5.8 millones de dólares recuperados mediante un proceso judicial en Estados Unidos, relacionado con el desvío de recursos y lavado de dinero atribuido a una red vinculada con Genaro García Luna y la familia Weinberg, a infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los recursos, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, serán utilizados principalmente para atender planteles de Educación Media Superior y Superior en una de las regiones con mayores necesidades del país.
La mandataria destacó que se trata, según lo expuesto durante su conferencia matutina, de la primera ocasión en que recursos recuperados mediante este tipo de procedimiento regresan al erario mexicano.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó que las investigaciones financieras detectaron entre 2008 y 2018 un esquema relacionado con contratos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 403 millones de dólares.
De acuerdo con la UIF, el esquema involucró contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas relacionadas con la familia Weinberg.
La dependencia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente promovió una demanda civil en Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar activos presuntamente vinculados con las operaciones ilícitas.
El proceso contó con la participación de distintas instituciones mexicanas, entre ellas la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de mecanismos de cooperación jurídica internacional con otros países.
Como parte del litigio, el 19 de mayo de 2026 un tribunal de Florida emitió una sentencia a favor del Estado mexicano relacionada con la familia Weinberg. Posteriormente, el 25 de agosto, México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.
La UIF señaló que todavía existen otros activos pendientes de liquidación que podrían representar recursos adicionales para el Estado mexicano.
Según el análisis financiero presentado por la dependencia, la investigación permitió reconstruir una estructura empresarial utilizada para triangular recursos y canalizar dinero proveniente de contratos gubernamentales. La UIF también señaló a empresas vinculadas con la familia Weinberg como parte de una red que habría obtenido contratos públicos con sobreprecios.
En conjunto, la autoridad identificó operaciones por cientos de millones de pesos y dólares presuntamente relacionadas con el esquema investigado.
Además del caso García Luna-Weinberg, Reyes Colmenares informó que durante la actual administración la UIF ha incorporado a 2 mil 395 personas a la lista de personas bloqueadas y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas, con recursos por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
De esas cuentas, 7 mil 861 corresponderían a integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en el país.
La UIF también participa en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante el rastreo de operaciones financieras relacionadas con este delito. Como resultado, mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por su presunta vinculación con actividades de extorsión.
Con la recuperación de estos recursos y su eventual aplicación en infraestructura educativa, el Gobierno federal busca convertir parte de los activos recuperados mediante procesos contra redes de corrupción en inversión para comunidades con mayores necesidades.
