La implementación de un nuevo etiquetado para los medicamentos destinados al sector público encendió el debate sobre el abasto de fármacos en México, luego de que la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (CANIFARMA) advirtiera que la medida podría generar retrasos en la producción y distribución si no se garantiza certeza en los procesos de contratación.
El señalamiento surge en el marco de la compra consolidada de medicamentos e insumos para el periodo 2027-2028, considerada una de las adquisiciones más importantes del sistema de salud mexicano.
El director general de CANIFARMA, Rafael Gual Cosío, explicó que la adecuación del nuevo etiquetado implicará inversiones cercanas a los 10 mil millones de pesos para modificar aproximadamente 3 mil 600 millones de piezas, además de adaptar líneas de producción, adquirir equipo especializado y cumplir con los procesos regulatorios correspondientes.
El representante de la industria señaló que el principal reto no es únicamente la implementación del nuevo sello, sino la falta de certidumbre sobre los contratos de compra. Indicó que los laboratorios requieren garantías de adquisición de al menos el 80 por ciento de la producción destinada al sector público para recuperar las inversiones realizadas en presentaciones exclusivas para el Gobierno.
Ante este escenario, CANIFARMA advirtió que algunas empresas podrían abstenerse de participar en la licitación, lo que reduciría la cantidad de proveedores disponibles para determinadas claves de medicamentos y aumentaría el riesgo de desabasto en hospitales y centros de salud.
La preocupación se suma a los antecedentes de la compra consolidada de 2025-2026, proceso que fue declarado nulo tras detectarse irregularidades administrativas y que obligó al Gobierno federal a recurrir a adjudicaciones directas para mantener el suministro de medicamentos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la implementación del nuevo distintivo al señalar que su propósito es evitar el robo y la comercialización ilegal de medicamentos adquiridos con recursos públicos, facilitando la identificación de los productos destinados exclusivamente al sistema nacional de salud.
Aunque la industria farmacéutica respaldó el objetivo de combatir el mercado ilegal de medicamentos, insistió en que las nuevas disposiciones deben acompañarse de contratos oportunos, plazos adecuados para la adaptación de los procesos productivos y mayor certeza en las compras públicas, con el fin de evitar afectaciones en el abastecimiento de medicamentos para la población.
