El Gobierno federal inició una consulta pública para recibir opiniones sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta que busca establecer nuevas disposiciones para medios de comunicación, concesionarios y plataformas de radiodifusión antes de emitir su versión definitiva.
El proceso estará abierto del 27 de julio al 21 de agosto a través del portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, donde podrán participar ciudadanos, audiencias, empresas del sector, especialistas, integrantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la consulta busca incorporar distintas opiniones, incluyendo las de empresas de telecomunicaciones, radios comunitarias y usuarios de los medios, con el objetivo de garantizar los derechos establecidos en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos serían aplicables a concesionarios de radio y televisión abierta, servicios de televisión y audio restringido, así como a programadores de carácter comercial, público y social.
Entre las disposiciones propuestas se establece el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, además de la obligación de diferenciar claramente entre contenidos informativos y opiniones, así como entre espacios periodísticos y publicidad mediante herramientas como cortinillas, mensajes en pantalla o avisos.
El proyecto también contempla mecanismos para ejercer el derecho de réplica, medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y la obligación de que los medios publiquen en sus sitios web los procedimientos para presentar solicitudes o inconformidades.
Asimismo, se plantea que las empresas concesionarias cuenten con un Código de Ética y designen a una persona defensora de las audiencias, encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a las quejas de los usuarios. En el caso de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, dicha figura deberá pertenecer a la misma comunidad.
Sheinbaum aseguró que la propuesta está enfocada en la autorregulación y descartó que tenga como objetivo establecer mecanismos de censura, al señalar que las opiniones recibidas durante la consulta serán consideradas antes de aprobar los lineamientos finales.
Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos entre representantes de medios y partidos políticos. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresó su respaldo a la protección de los derechos de las audiencias, aunque alertó sobre posibles ambigüedades en conceptos como información falsa o descontextualizada.
La organización señaló que algunas disposiciones podrían generar interpretaciones discrecionales por parte de autoridades y pidió revisar aspectos como las sanciones económicas previstas, que podrían alcanzar hasta uno por ciento de los ingresos anuales de concesionarios o programadores.
Además, la CIRT cuestionó la posibilidad de recibir quejas anónimas, al considerar que podrían convertirse en herramientas de presión contra periodistas, comunicadores o programas informativos. La cámara informó que consultará a sus más de mil 200 estaciones afiliadas para presentar una postura durante el periodo de participación pública.
En el ámbito legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que los lineamientos no buscan censurar ni sancionar a los medios, aunque reconoció que una autoridad gubernamental tendría participación en la determinación de posibles vulneraciones cuando exista una queja ciudadana.
Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que la propuesta podría representar un intento de control sobre los medios de comunicación y advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión.
La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, también pidió que durante la consulta se analice el alcance de los lineamientos y si estos podrían aplicarse a las conferencias matutinas de gobiernos federal y estatales.
El debate continuará durante las próximas semanas mientras autoridades, medios de comunicación y especialistas presentan observaciones antes de que se defina la versión final de las nuevas reglas para la protección de los derechos de las audiencias.
